SÃO PAULO — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó dos decretos el miércoles que aumentan la presión sobre las grandes empresas tecnológicas al aumentar su responsabilidad por el contenido ilegal compartido por sus usuarios y allanar el camino para que un organismo gubernamental investigue sus respuestas a tales casos.
Las medidas endurecen el ambiente en Brasil para gigantes como Google, Meta y TikTok, que durante mucho tiempo han tratado de disociarse de los delitos en línea cometidos por los usuarios.
El primer decreto realiza adaptaciones clave a las regulaciones gubernamentales para alinearlas con una decisión de la Corte Suprema de Brasil que responsabiliza a las grandes empresas de tecnología si se niegan a eliminar contenido por orden judicial. También permite a la agencia nacional de protección de datos del país investigar esos casos. El segundo decreto establece lineamientos para la protección de las mujeres en el entorno digital.
El gobierno de Brasil dijo en un comunicado que a partir de ahora las plataformas deben analizar cualquier denuncia y, si el contenido se considera delictivo, eliminarlo de inmediato, comunicando la decisión al responsable. Las posibles sanciones por incumplimiento incluyen advertencias, multas y suspensión temporal.
Las grandes empresas tecnológicas no han comentado sobre la decisión del gobierno de Brasil.
Patricia Peck, miembro del consejo de la Autoridad de Protección de Datos de Brasil y autora de 46 libros sobre derecho y tecnología, dijo que los poderes ejecutivo y judicial del país han presionado para que las grandes tecnologías sean proactivas contra los delitos en línea a pesar del evidente estancamiento del debate en el Congreso.
«No tenemos una legislación específica para responsabilizar a estas plataformas; estamos tomando un camino secundario», dijo Peck a The Associated Press. “Quienes desarrollan estas tecnologías deben pensar en ello desde una perspectiva de ética, privacidad y seguridad como estándar”.
Desde el fallo de la Corte Suprema de Brasil el año pasado, estas empresas han tenido que monitorear activamente el contenido que involucra discurso de odio, racismo e incitación a la violencia y actuar para eliminarlo.
La medida de Lula también amplía la capacidad de la ley actual para abordar el crecimiento del fraude digital, las estafas en línea y las nuevas formas de violencia en línea.
Mattheus Puppe, experto en la ley digital de Brasil, dice que los decretos buscan impedir que las plataformas se beneficien de publicaciones ilegales y reforzar la decisión de la Corte Suprema del país. Pero tiene dudas sobre si las iniciativas del gobierno realmente obstaculizarán el crimen en línea.
“No está claro qué tan bien funcionará porque la agencia elegida para investigar los casos apenas puede hacer su trabajo ahora”, dijo Puppe. «Pero es cierto que no debería ser responsabilidad de las empresas saber qué es legal y qué no».
El enfoque de Brasil hacia las grandes tecnologías es cada vez más similar al de la Unión Europea, que ha tratado de controlar el poder de las empresas de redes sociales y otras plataformas digitales.
Pero ha perturbado la relación entre la nación sudamericana y el gobierno de Estados Unidos. Los críticos expresaron su preocupación de que la medida podría amenazar la libertad de expresión si las plataformas eliminan preventivamente contenido que podría ser problemático.
A principios de este año entró en vigor una ley que busca proteger a los menores del contenido en línea adictivo, violento y pornográfico. La legislación exige que los menores de 16 años vinculen sus cuentas de redes sociales a un tutor legal para garantizar la supervisión y prohíbe a las plataformas utilizar funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de vídeos.
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