Hay gestos que proyectan grandeza hacia afuera mientras encubren fragilidad hacia adentro. El envío de medicamentos a Venezuela en una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana —enmarcado bajo la denominación «Operación Quisqueya Solidaria 2026″— es, en su superficie, un acto de cooperación humanitaria legítimo. Nadie con sensibilidad humana cuestionaría el socorro a víctimas de un terremoto. Pero la República Dominicana no es un Estado con excedentes sanitarios: es un país donde los medicamentos escasean en los hospitales públicos, donde los ciudadanos compran en farmacias privadas lo que el Estado debería garantizar, y donde la institución que ahora despacha fármacos hacia el exterior —PROMESE/CAL— ha estado en el centro de señalamientos sobre irregularidades en su gestión. La pregunta no es si ayudar a Venezuela está bien. La pregunta es si estamos en condiciones reales de hacerlo.
«El desabastecimiento crónico de medicamentos en la red hospitalaria pública dominicana también es una emergencia —silenciosa, sostenida y sin fecha de resolución oficial.»
El pasado reciente de Venezuela registra una cadena de sismos que han causado pérdidas humanas y materiales significativas en distintas regiones del país. Ante esa emergencia, el gobierno del presidente Luis Abinader —en su segundo mandato consecutivo, iniciado en agosto de 2024— activó la Operación Quisqueya Solidaria 2026, una misión de cooperación internacional articulada entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).
Según la comunicación oficial, la misión ha incluido hasta ahora: el despliegue de un equipo especializado de búsqueda y rescate (USAR) del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), el transporte de material de apoyo, el establecimiento de dos centros de acopio para donaciones, y el envío de un cargamento de medicamentos vía aérea. Se anuncia además que en los próximos días zarpará un buque cargado con alimentos, agua, insumos médicos y artículos de primera necesidad.
Lo que el comunicado oficial no informa es el costo operacional de la misión: horas de vuelo de la FARD, combustible, personal desplegado, logística terrestre. Tampoco detalla el inventario exacto de los medicamentos enviados ni su valoración económica. En un Estado donde la transparencia presupuestaria es intermitente, esa opacidad no es un detalle menor.
PROMESE/CAL en el centro de la paradoja
La institución encargada de seleccionar, preparar y despachar los medicamentos hacia Venezuela es la misma que, de acuerdo con informes y fuentes del sector salud, enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de garantizar el abastecimiento regular en los centros de salud del país. No se trata de acusaciones sin respaldo: organizaciones de usuarios de la salud pública, médicos de hospitales regionales y legisladores de distintos partidos han documentado, en distintos momentos, situaciones de desabastecimiento en farmacias hospitalarias que obligan a los pacientes a costear de su bolsillo medicamentos que el sistema debería suministrar gratuitamente.
El gobierno tiene derecho —y hasta la obligación moral— de participar en la cooperación internacional ante desastres naturales. Lo que resulta difícil de sostener sin evidencia es que esa capacidad solidaria sea proporcional al déficit interno. ¿Fue auditado el inventario de PROMESE/CAL antes de este envío? ¿Existen protocolos públicos que definan cuándo y en qué cantidad puede el Estado exportar medicamentos sin comprometer la cobertura nacional? Según fuentes consultadas por Despertar Matinal, no existe a la fecha un reglamento público que regule estos envíos humanitarios desde el fondo nacional de medicamentos.
⚠ Dato clave
El comunicado oficial de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 no detalla el costo operacional de la misión, el inventario valorado de medicamentos enviados, ni el organismo venezolano receptor verificable. La opacidad en un gasto público de emergencia no es un tecnicismo: es un problema de rendición de cuentas.
La dimensión política del gesto
El contexto geopolítico no puede ignorarse. La República Dominicana y Venezuela han sostenido históricamente una relación tensa, marcada por diferencias ideológicas profundas. El gobierno de Abinader ha sido crítico del régimen de Nicolás Maduro en foros internacionales. Que en este escenario se decida una operación de asistencia humanitaria de esta magnitud —con nombre propio, aeronave militar y anuncio de buque incluido— sugiere que la Operación Quisqueya Solidaria 2026 cumple también una función de posicionamiento diplomático y de imagen.
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Eso no la hace ilegal ni indebida. Pero sí obliga a contextualizar: cuando un gobierno convierte la solidaridad en un acto de relaciones públicas, la ciudadanía tiene derecho a exigir que esa misma energía institucional se aplique con igual visibilidad a los problemas domésticos. Los terremotos de Venezuela son urgentes. Pero el desabastecimiento crónico de medicamentos en la red hospitalaria pública dominicana también es una emergencia —silenciosa, sostenida y sin fecha de resolución oficial.
Lo que falta en el comunicado
La narrativa gubernamental de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 está construida para generar aplausos, no para rendir cuentas. Presuntamente —y esto lo señala la lógica institucional, no una acusación directa— las decisiones sobre qué enviar, cuánto enviar y a qué costo fueron tomadas sin un proceso de consulta pública, sin publicación de inventarios y sin un mecanismo de seguimiento verificable. Los medicamentos serán entregados a «las autoridades venezolanas competentes», indica el comunicado, pero no precisa qué organismo venezolano, bajo qué protocolo de verificación y con qué garantías de que llegarán a los afectados.
La cooperación internacional responsable exige trazabilidad. De lo contrario, la solidaridad se convierte en un acto de fe.
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Pregunta final
Si PROMESE/CAL tiene capacidad para enviar medicamentos al exterior en una operación de emergencia, ¿por qué los hospitales públicos dominicanos siguen reportando desabastecimiento sin que el gobierno publique un plan de cobertura verificable?
La solidaridad de la República Dominicana con Venezuela ante el dolor de sus terremotos merece reconocimiento. Pero la solidaridad no puede ser la coartada institucional que justifique la opacidad. Un gobierno que envía medicamentos al exterior en aeronaves militares con nombre de operación y comunicado de prensa tiene la obligación de demostrar, con igual rigor, que ese gesto no compromete la cobertura sanitaria interna. Hasta que esa demostración exista —con inventarios publicados, costos detallados y mecanismos de trazabilidad— la Operación Quisqueya Solidaria 2026 será, ante los ojos de la ciudadanía crítica, un acto de generosidad cuyas condiciones internas nadie ha querido explicar.
