República Dominicana lleva décadas diagnosticando su educación. Cada administración llega con su propio foro, su propia consulta, su propio documento rector. La pregunta que nadie responde con cifras verificables es cuántas de esas consultas anteriores se convirtieron en política pública ejecutada, cuántas quedaron archivadas y cuántas sirvieron, fundamentalmente, para fotografiar al funcionario de turno rodeado de maestros y estudiantes. El ministro del MESCyT, Rafael Santos Badía, ha recorrido 24 provincias bajo el paraguas de la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación. El recorrido es ambicioso en cobertura geográfica. Lo que aún no está claro —y el país merece saberlo— es qué garantiza que esta vez sea diferente.
Cifras del proceso
3,030 participantes
Registrados en siete foros regionales. 24 provincias consultadas de las regiones del Cibao y el Sur. Faltan los foros de Ozama, Higüamo y Yuma para completar las 30 provincias y el Distrito Nacional. Ninguna cifra oficial detalla cuántas propuestas recogidas en consultas previas fueron implementadas.
Un proceso de alcance nacional
La Consulta Nacional para la Transformación de la Educación completó su recorrido por las regiones Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, El Valle, Enriquillo y Valdesia, según informó Santos Badía durante la jornada celebrada en el auditorio del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, en San Cristóbal.
Los siete foros regionales registraron la participación de 3,030 personas. Las cuatro jornadas del Cibao reunieron a 1,873 participantes; los foros del Sur a 1,157. Las provincias consultadas incluyen Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Juan, Azua, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal.
El proceso continuará con los foros de Ozama, Higüamo y Yuma —Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Altagracia, La Romana y El Seibo— para completar las 30 provincias y el Distrito Nacional.
Entre las propuestas recogidas se destacan el fortalecimiento de carreras técnicas y tecnológicas, programas de corta duración, certificación de competencias laborales, formación continua y mayor inclusión para personas con discapacidad.
«Reformas se han hecho muchas veces y la mayoría no ha tenido el éxito esperado. Lo que necesita República Dominicana es una verdadera transformación de la educación.»
El discurso de siempre con otro nombre
Santos Badía fue enfático al separar este proceso de reformas anteriores: «No estamos frente a un proyecto de reforma educativa. Reformas se han hecho muchas veces y la mayoría no ha tenido el éxito esperado. Lo que necesita República Dominicana es una verdadera transformación de la educación.»
La declaración es políticamente potente. El problema es que, según fuentes académicas y datos del propio sistema educativo dominicano, esa misma retórica —transformación estructural en contraposición a reforma— ha circulado en documentos oficiales desde al menos los años noventa. El Plan Decenal de Educación, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa de 2014 y sucesivos planes estratégicos del MINERD y el MESCyT invocaron categorías similares. Ninguno resolvió los problemas de fondo.
Lo que los foros no muestran en sus cifras es el estado real del sistema que se pretende transformar. De acuerdo con evaluaciones del sector educativo dominicano, el país presenta indicadores de calidad que ubican a sus estudiantes por debajo del promedio regional en comprensión lectora y matemáticas. La deserción en el nivel medio técnico-vocacional sigue siendo estructuralmente alta. Y la brecha salarial docente —uno de los factores más determinantes de calidad según especialistas— no ha sido abordada en el discurso oficial de esta consulta.
El ministro destacó el modelo del Instituto Loyola como referencia para los politécnicos nacionales. Es un señalamiento válido: Loyola tiene una trayectoria sólida en formación técnica con vinculación productiva. Pero presuntamente replicar ese modelo a escala nacional requeriría inversiones en infraestructura, equipamiento y formación docente que no han sido cuantificadas públicamente en el marco de esta consulta.
Sobre la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, Santos Badía advirtió que el sistema educativo debe prepararse para esa nueva realidad. Nadie discute la pertinencia de ese diagnóstico. Lo que sí puede cuestionarse, con base en datos disponibles, es la coherencia entre ese discurso y la situación de conectividad en centros educativos rurales: según informes de organizaciones del sector, una proporción significativa de escuelas públicas dominicanas aún no tiene acceso estable a internet, condición mínima para cualquier integración tecnológica real.
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El proceso de consulta como ejercicio democrático merece reconocimiento. 3,030 personas participando en siete regiones no es un dato menor. El problema es estructural: cuando los resultados de una consulta no tienen mecanismos de vinculación obligatoria con el presupuesto nacional, con la política legislativa ni con plazos de ejecución verificables, el ejercicio corre el riesgo de quedar como un inventario de aspiraciones ciudadanas sin consecuencias institucionales. Hasta la fecha, de acuerdo con información pública disponible, no se ha publicado un cronograma de implementación, un marco de costo estimado ni un mecanismo de rendición de cuentas para los compromisos que emerjan de esta consulta.
Dato clave
Hasta la fecha de publicación, no se ha hecho público ningún cronograma de implementación, marco de costo estimado ni mecanismo que vincule las propuestas recogidas en los foros con el presupuesto nacional o el proceso legislativo dominicano.
El país no necesita otro diagnóstico
La transformación educativa que describe Santos Badía es necesaria, urgente y técnicamente coherente en varios de sus ejes. Pero la credibilidad de un proceso no se mide en provincias recorridas ni en participantes registrados: se mide en la existencia de mecanismos que conviertan el diálogo en política pública con presupuesto, plazos y responsables identificados. La República Dominicana no tiene déficit de diagnósticos educativos. Tiene déficit de ejecución. Esa es la diferencia que ningún foro regional puede resolver por sí solo.
Pregunta final
¿Cuántas consultas más necesita la educación dominicana para que alguien, en algún gobierno, ejecute algo?
