SANTO DOMINGO — El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra tres nuevos imputados vinculados a una estructura criminal acusada de defraudar a una entidad financiera por más de RD$200 millones. Con la entrega de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, el número de sometidos asciende a nueve. La pregunta que el sistema judicial tendrá que responder no es si hubo crimen — las evidencias materiales apuntan en esa dirección —, sino si la respuesta del Estado es proporcional, oportuna y sostenible.
Una red con nombre y apellido
Antes de la entrega de los tres nuevos acusados, el Ministerio Público ya había solicitado doce meses de prisión preventiva contra un primer grupo de seis: Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Todos fueron capturados durante operativos simultáneos desplegados en nueve puntos del Gran Santo Domingo — Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte —, en coordinación con la Dirección de Policía Cibernética (Dicat).
La audiencia del primer grupo fue aplazada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para el lunes 18 de mayo de 2026, tras acoger una solicitud de las defensas técnicas — un recurso legítimo que, sin embargo, extiende el período en que los acusados permanecen en una situación jurídica provisional.
Bienes incautados en el operativo
3
Vehículos de alto valor
+25
Relojes de lujo (Rolex, Invicta)
RD$408K
En efectivo
+25
Computadoras y teléfonos
Los cargos: tecnología, lavado y estafa
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, detalló que la calificación jurídica comprende tres frentes: violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa — en sus modalidades simple, agravada y lo que el expediente clasifica como «robo asalariado». Tavárez Gil encabeza el equipo litigante junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Según los datos oficiales, la red operaba captando a terceros para obtener fondos de forma fraudulenta de la entidad financiera afectada. El esquema habría requerido acceso interno o externo a sistemas bancarios digitales — un detalle que la acusación no ha precisado públicamente, pero que la imputación bajo la Ley de Alta Tecnología sugiere con fuerza.
El operativo, el espectáculo y las preguntas que quedan
La puesta en escena fue contundente: nueve allanamientos simultáneos, colaboración interinstitucional, decenas de bienes incautados y una galería de imputados con nombre completo. Pero el impacto visual de un operativo policial no es equivalente a una condena. En el sistema judicial dominicano, la brecha entre el arresto y la sentencia firme ha sido, históricamente, un espacio donde los casos se dilatan, se negocian y, en algunos casos, se desvanecen.
El gobierno del presidente Luis Abinader, en sus casi cinco años de gestión, ha insistido en posicionar la lucha contra la corrupción y la delincuencia financiera como ejes de su agenda. La Dirección de Investigación de Delitos Financieros — unidad que conduce este caso — es parte de esa arquitectura institucional. Los resultados en operativos de esta magnitud existen y son documentables. Lo que aún está pendiente de demostración es la capacidad del sistema para convertir esos arrestos en condenas sostenidas y en recuperación efectiva del dinero sustraído a la entidad financiera afectada.
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RD$200 millones presuntamente extraídos del sistema financiero no se evaporan solos. Si los bienes incautados en el operativo — tres vehículos, joyas, poco más de RD$408,000 en efectivo — representan una fracción del monto total imputado, la pregunta sobre el destino del resto del dinero es legítima y pública. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados.
«La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa.»
Lewina Tavárez Gil, procuradora de corte y titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros
Lo que está en juego para la ciudadanía
El fraude bancario de esta escala no es un crimen sin víctimas difusas. Cuando una entidad financiera pierde más de RD$200 millones en esquemas fraudulentos, las consecuencias pueden trasladarse — directa o indirectamente — a los depositantes, a los usuarios de crédito y a la estabilidad percibida del sistema financiero nacional. La Superintendencia de Bancos no ha emitido pronunciamiento público sobre el impacto institucional del caso, lo que abre un vacío de información que el Estado debería llenar.
El expediente está abierto. La audiencia del lunes dirá si el sistema judicial acompaña la contundencia del operativo con la solidez del proceso. Lo que no debería quedar en suspenso es la respuesta a esta pregunta: ¿quién responde por los más de RD$200 millones que presuntamente salieron del sistema financiero, y cuándo los ciudadanos sabrán adónde fueron a parar?
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