Hay cifras que no caben en un expediente judicial. Quince mil millones de pesos, según el Ministerio Público, no abandonaron el sistema de salud dominicano de un manotazo: se fueron drenando, factura a factura, consulta fantasma a consulta fantasma, durante años. Mientras eso ocurría, un anciano llegaba a la farmacia hospitalaria y no encontraba su medicamento. Un paciente con enfermedad crónica esperaba un procedimiento que nunca llegaría a tiempo. Nadie incendió un hospital. Nadie disparó. Simplemente, el dinero estaba en otro lugar.
Esa es la escena que la Justicia trata de perseguir cuando el juez Deivy Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este jueves que los siete imputados del caso SeNaSa —entre ellos su exdirector, Santiago Hazim— continúen en prisión preventiva. La pregunta que el proceso judicial no puede responder todavía es la más incómoda: ¿cuánto daño irreversible dejó la impunidad mientras el esquema operó?
La audiencia de este jueves no fue un giro dramático del proceso. Fue, técnicamente, una obligación legal: el artículo 239 del Código Procesal Penal exige que el juez revise la prisión preventiva de forma obligatoria cada tres meses, como garantía frente a la arbitrariedad. El magistrado Peguero aplicó además el test de proporcionalidad dispuesto por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC722/24, y concluyó que la medida sigue siendo «idónea, necesaria y proporcional».
Además de Hazim, permanecen detenidos Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. La próxima revisión quedó fijada para el 30 de julio.
La Operación Cobra —que derivó en este proceso— surgió tras detectarse irregularidades financieras y déficits inexplicables en SeNaSa. El gobierno ordenó una auditoría interna; los hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público, que ejecutó arrestos y allanamientos. De acuerdo con la acusación, no se trató de un hecho aislado sino de una estructura organizada que operó durante años dentro de la institución.
El Ministerio Público presentó su posición con contundencia: las defensas de los imputados no han aportado, según el procurador adjunto Wilson Camacho, «elementos nuevos» con la «novedad y suficiencia» que exige el Código Procesal Penal. Las cartas de asociaciones y documentos presentados, afirmó Camacho, carecen de sustento jurídico y no acreditan enfermedades graves que justifiquen una variación de la medida.
Es un argumento técnico, pero detrás hay una lectura política inevitable: los imputados pertenecen al mundo de la administración pública y los negocios privados con contratos estatales. En la República Dominicana, ese perfil ha sido históricamente suficiente para negociar condiciones de detención favorables, obtener traslados de juicios o simplemente dilatar procesos hasta que la opinión pública pierda el hilo. Que el Ministerio Público se mantenga firme —y que el juez valide esa postura— es, en ese contexto, una señal que no debe leerse como rutina.
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Pero la firmeza institucional no borra las preguntas estructurales. ¿Cómo pudo operar durante años una red de esta magnitud sin que los sistemas de control interno de SeNaSa activaran alguna alarma? ¿Dónde estaban las auditorías de la Contraloría, la Cámara de Cuentas y el propio Ministerio de Salud? De acuerdo con informes del proceso, hubo confesiones de implicados que admitieron pagar sobornos a funcionarios, lo que sugiere que la corrupción no fue solo administrativa: fue sostenida por complicidades que todavía no han sido del todo mapeadas en sede judicial.
El dato más perturbador no es el monto —aunque RD$15,000 millones es una cifra que destruye presupuestos hospitalarios enteros— sino el tipo de víctima. SeNaSa cubre a los sectores de la población con menor capacidad de absorber el impacto de un sistema de salud degradado: trabajadores formales de ingresos bajos y medios, jubilados, dependientes. Cuando los medicamentos no llegan o los procedimientos se demoran, esas personas no tienen una clínica privada como red de seguridad.
¿Tiene República Dominicana los mecanismos institucionales para garantizar que el dinero de la salud pública jamás vuelva a ser botín privado, o este caso será otro expediente que se cierra sin reformas?
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