MIVHED multiplica por casi el doble las licencias de construcción en 2026, pero la transparencia del proceso sigue siendo la gran deuda pendiente

Cuando un ministerio anuncia que duplicó su eficiencia en menos de dos años, la pregunta obligada no es si los números son reales, sino por qué tardaron tanto en llegar. Las licencias de construcción en República Dominicana han sido históricamente un cuello de botella institucional: procesos largos, criterios discrecionales y una dependencia estructural de «facilitadores» que, en la práctica, operaban como intermediarios opacos entre el ciudadano y el Estado. Que el MIVHED anuncie hoy un incremento del 93% en permisos emitidos es una señal de movimiento. Pero una señal, por sí sola, no es aún una reforma.

CONTEXTO INFORMATIVO

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) informó que durante el período enero–abril de 2026 emitió 594 licencias de construcción, lo que representa un crecimiento del 93% respecto al mismo período del año anterior. La inversión privada asociada a esos proyectos aprobados alcanzó más de RD$230 mil millones, frente a los RD$101 mil millones registrados en 2025: un aumento del 126%.

Los datos fueron presentados por el ministro Víctor Bisonó en el espacio «MIVHED en Marcha», un formato de comunicación institucional orientado a mostrar avances en modernización y ejecución territorial.

En paralelo, el sector construcción creció 6.6% en el primer trimestre del año según cifras del Banco Central, y las ventas de cemento aumentaron 6%, con 1.5 millones de toneladas comercializadas. El ministerio también anunció el lanzamiento de «Inteligencia MIVHED», una plataforma digital que permitirá a los usuarios consultar el estado de sus expedientes de permisos sin necesidad de intermediarios

Adicionalmente, se informó que la Ventanilla Única de Construcción está en un avance cercano al 50% de desarrollo, e incorporará el sistema NORM para estandarizar criterios técnicos de evaluación.

ANÁLISIS CRÍTICO

Las cifras del MIVHED son, en términos absolutos, positivas. Un incremento del 93% en licencias de construcción en cuatro meses no es un dato menor: implica que el sector privado está encontrando condiciones más favorables para formalizar inversiones que antes o tardaban meses en ser aprobadas, o simplemente operaban al margen del proceso institucional.

Pero el análisis riguroso exige contexto.

Primero: la base de comparación. Un salto del 93% puede reflejar tanto una mejora real como el agotamiento de una represión previa. Durante años, la permisología dominicana fue señalada por gremios del sector construcción como ineficiente, discrecional y propensa a prácticas irregulares. Si el punto de partida era artificialmente bajo, el rebote estadístico no equivale necesariamente a una transformación estructural.

Segundo: los intermediarios. El ministro Bisonó mencionó explícitamente que la plataforma «Inteligencia MIVHED» busca eliminar la dependencia de intermediarios en la consulta de expedientes. Esa frase, aparentemente técnica, es en realidad un diagnóstico severo: reconoce que el acceso a información básica sobre un permiso en curso requería, hasta hace poco, de contactos o gestores para funcionar. La digitalización de ese paso es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de auditoría de los criterios de aprobación y los tiempos reales de resolución.

Tercero: la calidad de las licencias emitidas. El dato de RD$230 mil millones en inversión privada aprobada es llamativo, pero surge la pregunta: ¿qué tipo de proyectos concentran esa inversión? ¿Están siendo atendidos en igual medida los proyectos de vivienda social, los pequeños constructores provinciales y los desarrolladores de alta densidad en el Gran Santo Domingo? La estadística agregada no discrimina, y esa opacidad es un problema.

La agenda de obras del MIVHED —hospitales, centros penitenciarios, infraestructura deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, mejoramiento de hábitat urbano— es extensa. Pero extensión no es lo mismo que eficiencia. Con 14 hospitales y centros de salud en ejecución simultánea en distintas provincias, el riesgo de dispersión presupuestaria y retrasos en entrega es real y documentado históricamente en proyectos similares.

Las certificaciones ISO que el MIVHED dice estar gestionando —calidad, antisoborno y cumplimiento regulatorio— son, si se concretan, un paso relevante. La certificación antisoborno en particular (ISO 37001) sería inusual en una institución pública dominicana y podría marcar un precedente. Pero anunciar que se está trabajando en certificaciones no equivale a tenerlas, y el historial de anuncios institucionales en el país obliga al escepticismo metódico.

El sector construcción dominicano necesita un MIVHED fuerte, ágil y confiable. La inversión en infraestructura —tanto pública como privada— es uno de los motores más directos del empleo formal y la mejora del hábitat urbano. Las cifras presentadas sugieren movimiento en la dirección correcta. La pregunta es si ese movimiento es sostenible o coyuntural.

El MIVHED ha presentado números que merecen atención, no celebración automática. Un aumento del 93% en licencias de construcción y RD$230 mil millones en inversión aprobada son indicadores que, si se sostienen y se acompañan de transparencia real en los procesos, pueden consolidar una reforma institucional genuina en uno de los sectores más sensibles para el desarrollo del país.

Lo que queda pendiente es lo más difícil: convertir los datos de un cuatrimestre en una cultura institucional que funcione con o sin titular de portada.