El Ministerio de Industria y Comercio (MICM) autorizó un nuevo ajuste al alza en los precios de los combustibles, confirmando una vez más que el sistema de revisión semanal funciona con precisión quirúrgica cuando se trata de trasladar aumentos, pero con opacidad conveniente cuando los precios internacionales retroceden.
Según la resolución oficial, la gasolina Premium, la gasolina Regular, el gasoil Regular y el GLP registran incrementos que impactarán directamente a millones de dominicanos. No se trata de un ajuste aislado: es la continuación de una política energética que ha convertido el alza sostenida de combustibles en un impuesto encubierto sobre la movilidad, el transporte de alimentos y la supervivencia económica de las familias de clase media y baja.
El Gobierno defiende este mecanismo como ejercicio de transparencia y responsabilidad fiscal, argumentando que los subsidios generalizados comprometen las finanzas públicas. El argumento tiene sustento técnico, pero oculta una verdad incómoda: la transparencia solo opera en una dirección. Cuando los precios internacionales del petróleo caen, los ajustes a la baja llegan tarde, parcialmente o simplemente no llegan, protegidos por la opacidad de una estructura de costos que incluye márgenes de comercialización, impuestos selectivos y componentes que nunca se explican con la misma claridad con que se anuncian los aumentos.
La asimetría del sistema no es accidental, es estructural. Mientras las alzas se trasladan con automatismo semanal, las bajas se diluyen en explicaciones técnicas sobre promedios móviles, bandas de estabilización y ajustes diferidos que, en la práctica, funcionan como mecanismos de retención de ingresos fiscales a costa del bolsillo ciudadano.
Los transportistas han manifestado su preocupación, pero su voz se pierde en el eco de un debate que se repite cíclicamente sin generar cambios reales. Cada aumento reduce sus márgenes operativos mientras las tarifas del transporte público permanecen congeladas por presión política, creando una situación insostenible que eventualmente estalla en paros o se absorbe en silencio mediante el deterioro de las unidades y la reducción de frecuencias.
Economistas advierten sobre el efecto cascada de los aumentos en combustibles: encarecen el transporte de alimentos, elevan los costos de distribución, presionan los precios en colmados y supermercados, y terminan erosionando el poder adquisitivo de los salarios que no se ajustan con la misma velocidad que los precios en la bomba. Pero estas advertencias técnicas se estrellan contra un muro de indiferencia oficial que prioriza indicadores macroeconómicos sobre realidades microeconómicas.
El Gobierno presenta cifras de crecimiento del PIB, inversión extranjera y estabilidad macroeconómica, pero estos números funcionan en una dimensión paralela a la experiencia de millones de dominicanos que no sienten el crecimiento económico cuando llenan el tanque, que no perciben la estabilidad cuando hacen el mercado, que no celebran los índices cuando calculan si el salario alcanza para llegar a fin de mes.
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La desconexión no es solo perceptiva, es estructural. Mientras las autoridades diseñan política económica desde la lógica de los agregados macroeconómicos y el equilibrio fiscal, las familias enfrentan una inflación selectiva que castiga precisamente los rubros donde no existe capacidad de sustitución: transporte, alimentos básicos, gas de cocina. No se puede sustituir la gasolina por bicicleta cuando se vive a 20 kilómetros del trabajo. No se puede sustituir el gas por leña cuando se habita en un apartamento urbano.
Organizaciones de defensa del consumidor han solicitado transparencia en la estructura de costos que determina el precio final de los combustibles, pero sus peticiones se encuentran con respuestas técnicas que explican sin aclarar, que informan sin revelar. ¿Cuál es el margen de comercialización exacto? ¿Por qué los impuestos selectivos no se ajustan cuando los precios suben para amortiguar el impacto? ¿Existe fiscalización efectiva sobre los expendios que exceden los precios autorizados? Estas preguntas permanecen sin respuestas satisfactorias.
El contexto internacional muestra volatilidad en los precios del petróleo, es cierto. Pero esa volatilidad se traslada asimétricamente: las alzas son inmediatas y completas, las bajas son graduales y parciales. El mecanismo de ajuste semanal no es neutral, es un sistema que privatiza las ganancias cuando los precios bajan (quedándose en márgenes de intermediación) y socializa los costos cuando suben (trasladándolos íntegramente al consumidor).
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Sectores de oposición califican esta política como «desconexión oficial», y aunque el término pueda estar teñido de motivación política, describe con precisión una realidad observable: existe una brecha creciente entre el discurso gubernamental de éxito económico y la percepción ciudadana de empobrecimiento progresivo. Esta brecha no se resuelve con comunicados oficiales que explican la necesidad técnica de los ajustes, sino con políticas que demuestren que el equilibrio fiscal no es incompatible con la protección del poder adquisitivo.
El modelo actual asume que la única variable ajustable es el bolsillo del ciudadano. Los salarios no se ajustan semanalmente. Los márgenes de comercialización permanecen intocables. Los impuestos selectivos no funcionan como estabilizadores automáticos. El peso de la volatilidad internacional recae exclusivamente sobre quien llena el tanque y paga el pasaje.
Existen alternativas exploradas exitosamente en otros contextos: fondos de estabilización que absorben volatilidad sin generar subsidios permanentes, ajustes de impuestos selectivos que funcionan como amortiguadores automáticos, regulación estricta de márgenes de comercialización, transparencia obligatoria en la estructura de costos. Pero implementar estas medidas requiere voluntad política para enfrentar intereses económicos consolidados y disposición para aceptar que el equilibrio fiscal no puede construirse sobre la erosión sostenida del nivel de vida ciudadano.
El Banco Central monitorea los indicadores inflacionarios, pero su mandato de estabilidad de precios choca contra una política energética que genera inflación estructural en rubros sensibles. La contradicción es evidente: no se puede controlar la inflación mientras se alimenta sistemáticamente con aumentos semanales en el rubro que más impacto tiene sobre el costo de vida.
Cuando un Gobierno celebra crecimiento económico mientras autoriza aumentos semanales en combustibles que erosionan el poder adquisitivo de millones, no enfrenta un problema de comunicación sino de legitimidad: los indicadores macroeconómicos solo son relevantes si se traducen en mejoras verificables en la vida de quienes pagan impuestos, llenan tanques y sostienen con su trabajo la economía que las estadísticas oficiales presentan como exitosa pero que la realidad cotidiana desmiente en cada bomba de gasolina.
Nota editorial: Este análisis crítico se fundamenta en resoluciones oficiales del MICM, datos de organismos internacionales sobre precios del petróleo, y la evaluación independiente del impacto de la política energética sobre el costo de vida. Las opiniones expresadas reflejan la postura editorial de este medio sobre la necesidad de políticas públicas que equilibren responsabilidad fiscal con protección del poder adquisitivo ciudadano.
