SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader ordenó el pasado lunes la paralización «inmediata» de cualquier actividad del proyecto minero Romero, operado por la canadiense GoldQuest Mining Corp en la provincia San Juan. El anuncio fue presentado desde el Palacio Nacional como un acto de escucha ciudadana, de prudencia y de responsabilidad gubernamental. Lo que el discurso presidencial no dijo —o dijo a medias— es que fue ese mismo Estado el que durante 20 años autorizó, renovó y avaló las condiciones que hoy «detiene».
«Hay quienes te rompen las piernas, te venden las muletas y te convencen de que gracias a ellos caminas.»
— La metáfora que define el patrón de poder analizado en este artículo
Un proyecto con 20 años de respaldo estatal
Según declaraciones del propio Abinader, las concesiones de exploración del proyecto Romero datan del año 2005, fueron reiteradas en 2010 y se renovaron en 2015 y 2018, con autorizaciones para estudios técnicos que definieron el alcance de la explotación. Todos esos procesos ocurrieron bajo distintos gobiernos, incluyendo el período del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero ninguno fue revertido al inicio de la actual gestión en 2020, cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder.
Durante casi cinco años de gobierno, el proyecto Romero continuó avanzando en evaluación ambiental sin que el Ejecutivo —según sus propios términos— emitiera «autorización alguna para su explotación». La pregunta que el discurso oficial no responde es: ¿por qué ese proceso de evaluación no fue suspendido antes, si la ley ya establecía que el rechazo masivo de la población lo hace inviable?
La lucha que no apareció en el discurso
Antes de que el presidente hablara a la nación, la provincia de San Juan vivió semanas de movilización intensa. Una huelga paralizó todas las actividades provinciales hace aproximadamente tres semanas. El domingo previo al anuncio presidencial, una protesta masiva convocó a residentes de San Juan y de otras provincias en la Presa de Sabaneta, en lo que evidenció que el rechazo al proyecto había trascendido lo local para convertirse en un debate nacional.
La respuesta del Estado a esa movilización no fue el diálogo: miembros de la Policía Nacional y del Ejército intervinieron con gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, según consta en múltiples videos difundidos en redes sociales. La Policía alegó posteriormente que sus agentes actuaron en respuesta al lanzamiento de piedras por parte de personas no identificadas.
Fue tras esas imágenes, y tras semanas de presión acumulada, que llegó el mensaje presidencial.
Análisis crítico
El relato oficial convierte al gobierno en protagonista de una decisión que, en rigor, fue forzada por la ciudadanía. ¿Escuchó el gobierno, o cedió ante la presión que no pudo contener? La diferencia no es semántica: define quién tiene realmente el poder en esta democracia.
El arte de apropiarse del triunfo ajeno
La narrativa presidencial omite deliberadamente a los actores que hicieron posible la paralización: los ciudadanos de San Juan que salieron a las calles, los que sostuvieron una huelga provincial, los que resistieron los gases de una policía desplegada por ese mismo Estado. En su lugar, el mensaje oficial construye una imagen de gobierno sensible, que «escucha con atención, con respeto y con responsabilidad».
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Este patrón no es nuevo en la gestión de Abinader. A lo largo de casi cinco años, el gobierno ha repetido una fórmula identificable: permitir o no resolver un problema mientras escala, intervenir cuando la presión ciudadana se vuelve insostenible y luego presentar esa intervención tardía como prueba de responsabilidad institucional. El resultado práctico es que la ciudadanía financia con su organización, su tiempo y sus cuerpos las victorias que el poder luego se adjudica.
Lo que GoldQuest sostiene, y lo que la ley exige
La empresa canadiense GoldQuest Mining Corp argumenta que su método de extracción sería subterráneo —a diferencia de la minería a cielo abierto como la de Pueblo Viejo, en Sánchez Ramírez— y que eso reduciría el impacto ambiental. Sin embargo, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos establece, según el propio Abinader invocó, que el rechazo masivo de la población es causa suficiente para declarar un proyecto de esta categoría como no viable.
La pregunta que queda abierta es jurídicamente relevante: si ese mecanismo legal ya existía, ¿por qué el gobierno no lo activó antes de que hubiera represión policial y una huelga provincial? ¿Qué nivel de convulsión social es el umbral aceptable para que el Estado actúe?
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Implicaciones y preguntas sin respuesta
La paralización ordenada por Abinader no es, de momento, una cancelación definitiva del proyecto. Es una suspensión de actividades mientras se evalúa la situación. Eso significa que GoldQuest mantiene sus concesiones, que el marco legal que las ampara sigue vigente y que nada impide una eventual reactivación bajo condiciones distintas o con menor presión mediática.
Para la ciudadanía de San Juan, la victoria es real pero frágil. Para el Estado dominicano, la pregunta estructural persiste: ¿cuándo y cómo se decide el destino de los recursos naturales del país? ¿En los despachos donde se otorgan concesiones durante décadas, o en las calles donde la gente pone el cuerpo?
Esa respuesta, por ahora, la tiene el pueblo de San Juan. El gobierno solo llegó después.
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