La Junta Central Electoral (JCE) anunció que quienes cumplieron años en abril tendrán hasta el 11 de mayo para renovar su cédula, luego de que el proceso arrancara el 12 de ese mes. Pero la extensión llega mientras persiste una pregunta sin respuesta oficial: ¿por qué los cumpleañeros de enero, febrero y marzo aún no encuentran citas disponibles en el portal?
El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, hizo el anuncio durante la conferencia «La nueva cédula de identidad y electoral, garantía de Estado y soberanía nacional», celebrada en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). El evento fue organizado en coordinación con la Fundación Dominicana Debate Global PI y contó con la presencia de miembros plenos del organismo, representantes partidarios, académicos y estudiantes.
Según Jáquez Liranzo, la medida responde a un principio de equidad: quienes tenían hasta el 30 de abril para renovar su documento contaron en la práctica con apenas 18 días hábiles, dado que el proceso inició el 12 de ese mes. La prórroga al 11 de mayo busca compensar ese desfase. En sus palabras, se trata de «un acto de justeza e igualdad».
El discurso vs. la experiencia ciudadana
El problema no es menor. Según reportes de ciudadanos y quejas recurrentes en redes sociales, miles de dominicanos que cumplieron años entre enero y marzo —los primeros convocados— no han podido agendar su cita a través del portal habilitado por la JCE. El sistema, según diversas fuentes, muestra fechas agotadas o directamente no arroja disponibilidad.
La JCE no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre esta situación, ni ha publicado, hasta el momento, datos desagregados sobre el porcentaje de ciudadanos que ya completaron su renovación por mes de nacimiento. La opacidad en los indicadores de ejecución contrasta con el tono triunfal del discurso institucional.
Interrogante sin respuesta: si la JCE es capaz de extender el plazo para cedulados de abril, ¿cuál es el mecanismo de compensación para quienes llevan meses sin poder agendar desde enero o febrero?
La cédula como proyecto de Estado
Más allá de la logística inmediata, el presidente de la JCE presentó la renovación como el «proyecto más importante en la historia de la identidad dominicana», lanzado en el marco del 103 aniversario del organismo. Según datos oficiales, el proceso busca dotar a más de nueve millones de dominicanos de un nuevo documento de identidad con más de 100 características de seguridad.
Jáquez Liranzo enumeró cinco razones por las cuales la cédula no es un «simple trámite burocrático»: su importancia para el ejercicio de derechos civiles (matrimonio, voto, trabajo, crédito), la depuración del padrón electoral, la actualización tecnológica, el valor cultural y ambiental, y su condición de inversión —no gasto— dado que el nuevo documento no tiene fecha de vencimiento decenal.
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El argumento tecnológico no es menor: la JCE sostiene que la nueva cédula podría convertirse en el documento único de identidad de la República, con capacidad de interoperabilidad entre entidades públicas y privadas. Si se concreta, representaría un cambio estructural en la administración de la identidad nacional.
Cinco años de gestión: promesas y pendientes
El gobierno del presidente Luis Abinader, que cumple casi cinco años en funciones, ha colocado la modernización del Estado como uno de sus ejes centrales. La renovación de la cédula se inscribe en esa narrativa. Sin embargo, la brecha entre el discurso institucional y la experiencia del ciudadano común —filas, portales colapsados, citas inexistentes— constituye una señal de alerta sobre la capacidad de ejecución real del proceso.
No es la primera vez que un proyecto de digitalización o modernización estatal enfrenta cuellos de botella operativos en sus primeras semanas. El antecedente importa: si el sistema no absorbe la demanda de los primeros meses, la escala del reto —nueve millones de ciudadanos en un período determinado— podría convertir la prórroga de abril en la primera de muchas.
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Contexto jurídico
Según la normativa vigente, la cédula es un requisito constitucional para el ejercicio de derechos fundamentales: el sufragio, la contratación, el acceso a servicios del Estado y la realización de actos del registro civil. La demora en obtenerla no es un inconveniente menor: puede implicar la restricción temporal de derechos. En ese marco, la gestión eficiente del proceso no es opcional; es una obligación de Estado.
¿Cuántos dominicanos que cumplieron años en el primer trimestre del año siguen sin poder renovar su cédula? ¿Cuántas citas se han entregado versus cuántas se han solicitado? La JCE tiene la información. La ciudadanía tiene el derecho de conocerla.
