El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que flexibiliza las restricciones al porte legal de armas de fuego en público.
De la Espriella, quien durante su campaña presidencial prometió un enfoque de mano dura contra el crimen, dijo que «no es justo que los criminales estén armados hasta los dientes mientras la gente honesta no puede defenderse».
El decreto levanta una suspensión de una década que significaba que incluso aquellos con permisos para portar armas no podían hacerlo sin una autorización adicional.
De la Espriella insistió en que la orden ejecutiva no crearía una batalla campal y que se mantendrían controles estrictos sobre quién puede poseer un arma de fuego.
Al firmar la orden ejecutiva, el presidente dijo que había cumplido su promesa de campaña: «La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor, por eso cumplo mi palabra».
La restricción al porte legal de armas en público fue introducida por el entonces presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2015. Originalmente fue una medida temporal para mejorar la seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Pero la suspensión fue extendida cada año por Santos y dos presidentes posteriores de lados opuestos del espectro político: el conservador Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro.
Según la ley, incluso aquellos que tenían un permiso para portar un arma de fuego no podían sacarla de sus hogares a menos que solicitaran (y recibieran) un permiso adicional.
De la Espriella insistió en que su decreto eliminó una restricción que nunca tuvo la intención de ser permanente.
Según el diario español El País, el decreto afectará a cerca de 700.000 personas en Colombia que ya cuentan con un permiso legal para portar un arma de fuego.
Ahora podrán sacar de sus hogares su arma de fuego registrada, siempre que su licencia esté al día.
El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, calificó la decisión como un “grave error”, argumentando que las armas de propiedad legal terminarían en manos de delincuentes.
Ávila insistió en que esto creaba un dilema ético, ya que sólo las fuerzas del Estado deberían portar armas y actuar como garantes de la seguridad del pueblo.
De la Espriella insistió en que la medida no tendría un efecto negativo en la seguridad del país y dijo que las fuerzas estaban apuntando a aquellos con armas ilegales y habían incautado más de 15.000 armas de fuego en lo que va del año.
La mayoría de ellos, según De la Espriella, pertenecían a miembros de facciones disidentes del grupo rebelde de las Farc y de la banda criminal Clan del Golfo.
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