La procuradora Yeni Berenice Reynoso lanzó «Nosotros», un programa de apoyo para empleados del Ministerio Público con hijos que requieren cuidados especializados. Es una iniciativa genuinamente humana. Es también, sin quererlo, el retrato más honesto de la desigualdad institucional que define al Estado dominicano: hay un Estado para los que trabajan dentro de él, y otro —mucho más precario— para los que viven fuera.
En el Gran Salón del Hotel Catalonia de Santo Domingo, con música en vivo interpretada por el grupo Atrévete —integrado por personas con discapacidad visual—, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso presentó este jueves el programa «Nosotros», una iniciativa que ofrece a los 125 familias de colaboradores del Ministerio Público con hijos en condiciones especiales un paquete de apoyo que incluye flexibilidad de horarios, campamentos de arte, acompañamiento técnico y humano permanente, y reconocimiento institucional de su realidad cotidiana.
Las palabras de la procuradora fueron sinceras y bien intencionadas: «Sabemos que muchos de ustedes regresan a casa para librar batallas que el mundo ignora.» El periodista Fernando Quiroz, cuya esposa lleva 26 años en el Ministerio Público y cuyo hijo Fernando Gabriel, de 17 años, vive con trastorno del espectro autista, agradeció con emoción visible una iniciativa que, dijo, «no lo resuelve todo, pero le cambia todo.»
Nadie en su sano juicio puede criticar que una institución cuide a sus empleados. Eso es lo mínimo que debería hacer cualquier organización que se llame a sí misma humana. El problema no es el programa. El problema es el contraste brutal entre lo que ofrece el Ministerio Público a sus 125 familias identificadas y lo que enfrenta, en silencio y sin salón de hotel, el resto de las familias dominicanas con hijos en condiciones especiales.
La realidad que el acto no mencionó: fuera del Ministerio Público no hay «Nosotros»
En la República Dominicana, según estimaciones de organizaciones especializadas en discapacidad y neurodiversidad, más de 200,000 personas viven con algún trastorno del espectro autista, y cientos de miles más tienen condiciones que requieren atención especializada continua: parálisis cerebral, síndrome de Down, discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo del lenguaje, entre otras.
La inmensa mayoría de las familias que cuidan a esos niños, niñas y adolescentes no trabaja en el Ministerio Público. Trabaja en el sector informal, en pequeños negocios, en empleos sin contrato, en hogares donde el ingreso principal se va en terapias que el sistema público no cubre, en medicamentos que la farmacia del hospital no tiene, en citas médicas que tardan meses en el sistema de salud pública y que el seguro subsidiado apenas contempla.
Para esas familias no hay flexibilidad de horario porque su empleador no se llama Ministerio Público. No hay campamento de arte porque la institución donde trabajan no tiene presupuesto para eso. No hay procuradora general que suba a un escenario a decirles que su lucha importa. Tienen el SENASA, que según denuncias documentadas de usuarios y organizaciones de pacientes, cubre de forma insuficiente las terapias de rehabilitación, los tratamientos especializados y los medicamentos de alto costo que requieren los niños con condiciones complejas.
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El sistema público de salud y la discapacidad: una deuda que el gobierno no menciona
La atención a personas con discapacidad en el sistema público dominicano es, según informes de organizaciones como el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y denuncias recurrentes de familias ante medios de comunicación, fragmentada, insuficiente y geográficamente concentrada en el Gran Santo Domingo.
Una madre de Montecristi, de Elías Piña o de Pedernales que tenga un hijo con autismo severo enfrenta una realidad que ningún programa institucional de ningún ministerio alcanza a cubrir: no hay terapeutas del habla en el hospital más cercano, no hay psicólogos especializados en el sistema público regional, no hay transporte adaptado, no hay centros de estimulación temprana fuera de las ciudades grandes, y el SENASA no reembolsa lo que la familia paga de su bolsillo en el sector privado.
Esa madre no tiene un programa llamado «Nosotros». Tiene una lista de espera, un funcionario que le dice que vuelva la próxima semana y un sistema que, en los casi cinco años del gobierno Abinader, no ha producido una política pública integral, financiada y verificable para la atención de personas con discapacidad y sus familias cuidadoras.
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Privilegio institucional disfrazado de política social
La procuradora Reynoso afirmó que con «Nosotros» la Procuraduría quiere ser «el modelo de institución empática que el país necesita y la sociedad reclama.» Es una declaración que, leída con cuidado, revela más de lo que pretende.
Si una institución del Estado tiene que declarar que quiere ser «modelo» de empatía, es porque la empatía no es la norma en el resto del Estado. Es porque los demás ministerios, secretarías, hospitales y oficinas públicas no ofrecen lo que la Procuraduría acaba de presentar en un hotel de cinco estrellas con catering y música en vivo.
El programa «Nosotros» no es política pública. Es un beneficio laboral diferenciado para empleados de una institución específica. Una política pública sería que cualquier trabajador dominicano —formal o informal, del sector público o privado— tuviera acceso garantizado a apoyo institucional cuando tiene un hijo con condición especial. Eso requeriría legislación, presupuesto, coordinación interinstitucional y voluntad política sostenida.
Nada de eso fue anunciado este jueves. Lo que fue anunciado fue un programa para 125 familias que, por la suerte de trabajar en el Ministerio Público, tendrán acceso a lo que el resto del país no tiene.
El gobierno desconectado: cinco años de ausencia en lo social profundo
El lanzamiento de «Nosotros» ocurre en el contexto de un gobierno que en sus casi cinco años ha priorizado la narrativa macroeconómica —crecimiento del PIB, inversión extranjera, turismo, zonas francas— por encima de las políticas sociales estructurales que impactan directamente a los sectores más vulnerables.
Durante este período no se aprobó una ley integral de discapacidad actualizada. No se implementó un sistema universal de terapias para niños con condiciones del neurodesarrollo en el sistema público. No se aumentó de forma significativa la cobertura del SENASA para tratamientos especializados. No se creó una red nacional de centros de atención temprana accesibles en todas las provincias.
Lo que sí hubo fue inauguraciones, actos protocolares, notas de prensa y funcionarios que suben a escenarios a hablar de empatía mientras el sistema que administran sigue siendo, para la mayoría, profundamente indiferente.
El gobierno de Abinader, como los anteriores, tiene una habilidad notable para gestionar la imagen de la sensibilidad social sin transformar las estructuras que producen la insensibilidad. Se anuncian programas. Se lanzan iniciativas. Se firman acuerdos. Y al día siguiente, la madre del niño con parálisis cerebral vuelve a hacer fila en el hospital público, con el mismo número de turno, frente a la misma ventanilla que no tiene lo que necesita.
Lo que el testimonio de Quiroz deja al descubierto
El periodista Fernando Quiroz, al agradecer el programa, dijo algo que merece ser subrayado con honestidad: «Muchas familias no pueden.» Lo dijo en referencia al privilegio que él y su esposa han tenido de acompañar el desarrollo de su hijo Fernando Gabriel. Fue, probablemente sin buscarlo, el momento más crítico del acto.
Porque «muchas familias no pueden» no es una anécdota emotiva. Es una descripción del Estado dominicano. Es el reconocimiento de que el acceso a una crianza digna para un hijo con condición especial depende en este país de dónde trabajas, cuánto ganas, en qué ciudad vives y si tienes o no conexiones con el sistema.
Esa desigualdad no la creó la procuradora Reynoso. Pero tampoco la está resolviendo el programa «Nosotros». La está visibilizando, sin querer, con cada beneficio que ofrece a sus 125 familias y que el Estado no ofrece a las decenas de miles que están fuera de su nómina.
Cierre: el Estado que cuida a los suyos y abandona al resto
«Nosotros» es un programa bien intencionado en una institución que decidió mirar a sus empleados como personas y no como recursos. Eso merece reconocimiento genuino. En un país donde el maltrato institucional al trabajador público es norma, cualquier gesto en dirección contraria vale.
Pero una golondrina no hace verano. Y un programa para 125 familias dentro de una institución privilegiada no es la política social que necesita un país donde miles de familias cuidadoras operan sin red, sin apoyo y sin que ningún funcionario suba a un escenario a decirles que su lucha importa.
El Estado dominicano tiene dos velocidades: la de quienes trabajan dentro de él, con acceso a beneficios, estabilidad y programas de bienestar, y la de quienes viven fuera, enfrentando a diario un sistema de salud desabastecido, un seguro médico insuficiente y una institucionalidad que los ve como estadística.
Mientras esa brecha no se cierre con políticas públicas universales, financiadas y verificables, los actos en salones de hotel seguirán siendo exactamente lo que son: islas de dignidad en un archipiélago de abandono.
