El gobierno socialista de Pedro Sánchez pidió calma y acusó al Partido Popular (PP) de Vivas y al partido de extrema derecha Vox de avivar las tensiones.
El diputado de Vox José María Figaredo está siendo investigado por posible delito de odio tras declarar, poco después de la llegada de los inmigrantes, que había que «perseguirlos, uno a uno».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo ante un comité del Congreso: «Hemos escuchado durante estas semanas discursos y comentarios que contribuyen a la estigmatización de los inmigrantes y que alimentan la división social en un momento en el que necesitamos responsabilidad y habilidad política».
Javier Celaya, representante de Ceuta en el Congreso por el PP, acusó al Gobierno de tratar «a los invasores como víctimas cuando las verdaderas víctimas somos nosotros, los ceutíes».
El viernes, todos los partidos de la asamblea local de Ceuta firmaron una declaración condenando la violencia.
A principios de esta semana, el gobierno centralizó la gestión de la situación, pasando por alto a las autoridades locales, tras las críticas de que había tardado en responder.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, también pidió disculpas a los residentes de Ceuta que «pueden sentirse, o todavía se sienten, abandonados o insuficientemente atendidos», mientras el gobierno desvelaba sus planes para reformar las leyes de inmigración del país.
Gran parte de los recientes disturbios en la ciudad parecen estar impulsados por los planes del gobierno de trasladar a los inmigrantes a edificios públicos existentes, como centros deportivos, para que su estatus legal pueda ser procesado de manera ordenada y aquellos que no son elegibles para el asilo puedan ser devueltos a Marruecos.
Muchas poblaciones locales, así como Vivas, se oponen a esta iniciativa por temor a que acerque a los inmigrantes a las zonas residenciales.
El gobierno también enfrenta la cuestión de quién está detrás del paso masivo de migrantes.
Políticos de derecha y de extrema izquierda han acusado a Marruecos de estar involucrado, señalando su presunto uso de la frontera con España en el pasado para ejercer presión política.
Sánchez y su Partido Socialista, en cambio, culpan a los traficantes de personas, insistiendo en que Rabat es un socio confiable que ha facilitado el regreso inmediato de la mayoría de los llegados.
Sin embargo, la crisis ha puesto en el punto de mira la soberanía de Ceuta y de su compatriota autónoma Melilla.
Marruecos reclama desde hace tiempo estos territorios, algo que ha reiterado en las últimas semanas.
El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que «rechazaba categóricamente» tales comentarios de Marruecos.
«No hablo, no he hablado y no vamos a hablar de la integridad territorial de España con Marruecos ni con nadie», dijo a la comisión del Congreso.
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