El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encendió las alarmas sobre el manejo legislativo de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Según la organización, el Gobierno y la mayoría congresual del PRM vuelven a impulsar cambios de alto impacto económico sin escuchar a las instituciones técnicas ni a los sectores afectados. La reforma a la Ley 225-20 llega apenas un año después de la promulgación de la Ley 98-25, lo que para el PLD confirma que la legislación anterior nació con fallas que nunca fueron corregidas a tiempo.
Dato clave
La reforma a la Ley 225-20 llega apenas un año después de la promulgación de la Ley 98-25, según el PLD.
Un patrón que se repite en el Senado
De acuerdo con fuentes del PLD, el trámite de la actual reforma a la Ley 225-20 reproduce el mismo esquema de aprobación acelerada que cuestionaron en 2025: urgencia en el Senado, estudios especializados insuficientes y ausencia de un proceso amplio de consulta. El partido recordó que el 23 de junio de 2025 advirtió públicamente sobre disposiciones que, a su juicio, limitaban las competencias de los gobiernos locales y pedían contribuciones ambientales proporcionales y sustentadas en metas verificables. Ninguna de esas observaciones, sostiene la organización, fue incorporada en la versión final de la Ley 98-25.
Lo que cambia y lo que no cambia en la nueva propuesta
«Una política ambiental no puede medirse únicamente por lo que recauda», sostuvo el PLD sobre la reforma a la Ley 225-20.
El PLD reconoció que el nuevo proyecto introduce una escala de contribuciones más gradual, lo que corrige parcialmente el problema de proporcionalidad señalado anteriormente. Sin embargo, el partido insistió en que una política ambiental no puede medirse solo por su capacidad recaudatoria, sino por resultados concretos: reducción de residuos, aumento del reciclaje y métricas ambientales verificables. La organización compartió el principio de que quien contamina más debe aportar más, pero advirtió que aplicarlo exclusivamente sobre el nivel de ingresos de una empresa podría generar distorsiones entre capacidad económica e impacto ambiental real.
El reclamo del sector productivo
Entidades como el Conep, la AIRD, Adoexpo y ONEC han coincidido, según el PLD, en pedir mayor diálogo técnico y seguridad jurídica antes de aprobar la reforma a la Ley 225-20. El partido también cuestionó que no se haya informado públicamente sobre la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente ni del Fideicomiso DO Sostenible en el diseño de la iniciativa, pese a ser las entidades responsables de ejecutar la política nacional de residuos.
Las declaraciones citadas corresponden a posiciones públicas del PLD. Despertar Matinal reproduce dichas afirmaciones según fuentes del propio partido, sin emitir juicio sobre el fondo legislativo de la reforma a la Ley 225-20.
El PLD reiteró su disposición a ejercer una oposición responsable, formulando propuestas y alternativas dentro del debate legislativo. La organización llamó a la Cámara de Diputados a no repetir los errores del proceso anterior y planteó que el país necesita una legislación que incentive efectivamente la reducción y el reciclaje de residuos, sin convertir la reforma ambiental en un instrumento meramente recaudatorio.
¿Puede una reforma ambiental cumplir su propósito sin la participación técnica de quienes la ejecutan?
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