El Reino Unido no tendrá que pagar decenas de millones de libras a Ruanda tras la cancelación del acuerdo para deportar solicitantes de asilo al país africano, después de que un tribunal internacional de arbitraje rechazara las reclamaciones económicas presentadas por Kigali.
La Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, concluyó que Ruanda renunció a los pagos adicionales contemplados en el acuerdo tras una serie de intercambios diplomáticos con Londres posteriores a la llegada al poder del socialista primer ministro británico Keir Starmer, quien canceló el programa en 2024.
La decisión representa una importante victoria para el gobierno laborista británico, que desde su llegada al poder ha intentado distanciarse de una de las políticas migratorias más duras contra la inmigración ilegal impulsadas por los anteriores gobiernos conservadores.
Según los documentos publicados por el tribunal, Ruanda sostenía que el Reino Unido seguía obligado a realizar pagos previstos para 2025 y 2026 pese a la cancelación del acuerdo. Kigali reclamaba al menos 60 millones de libras esterlinas, aunque otras referencias del proceso señalaban que las cantidades en disputa correspondían a dos desembolsos anuales incluidos en el pacto original.
El panel de tres árbitros determinó por mayoría que las comunicaciones diplomáticas intercambiadas entre ambos gobiernos en noviembre de 2024 demostraban que Ruanda había aceptado renunciar a los pagos previstos para abril de 2025 y abril de 2026. La decisión sobre el primer pago fue adoptada por mayoría, mientras que la correspondiente al segundo fue unánime.
El gobierno británico celebró el fallo y defendió la decisión de poner fin al programa. »El Reino Unido defendió firmemente su posición y el tribunal ha fallado a nuestro favor en todos los aspectos», señaló un portavoz gubernamental.
Por su parte, el gobierno ruandés afirmó que respeta la decisión judicial y considera cerrado el litigio, aunque indicó que algunos elementos del caso podían dar lugar a interpretaciones legales diferentes.
»Ruanda continuará trabajando de manera constructiva con sus socios internacionales, guiada por las normas internacionales y la cooperación mutuamente beneficiosa», declaró la portavoz gubernamental Yolande Makolo.
¿De qué trataba el acuerdo entre Reino Unido y Ruanda?
El denominado »Plan Ruanda» fue concebido por el gobierno conservador británico como una herramienta para reducir la inmigración irregular hacia el Reino Unido.
El acuerdo, anunciado inicialmente por el entonces primer ministro Boris Johnson y formalizado en 2022 bajo el mandato de Rishi Sunak, establecía que los migrantes que llegaran ilegalmente a territorio británico podrían ser trasladados a Ruanda para que sus solicitudes de asilo fueran procesadas allí.
Si obtenían protección internacional, los solicitantes permanecerían en el país africano y no regresarían al Reino Unido. El objetivo declarado era desincentivar los cruces ilegales del Canal de la Mancha y debilitar las redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de migrantes a las costas británicas.
A cambio de asumir esa responsabilidad, Ruanda recibiría importantes compensaciones económicas destinadas a financiar la acogida, alojamiento y procesamiento de los solicitantes de asilo.
La iniciativa fue presentada por los conservadores como una medida innovadora para recuperar el control de las fronteras. Sin embargo, organizaciones humanitarias de izquierda y otros organismos internacionales denunciaron que podía vulnerar derechos fundamentales y poner en riesgo a personas que buscaban protección.
Un proyecto marcado por las controversias
Desde su anuncio, el plan enfrentó numerosos obstáculos judiciales. En junio de 2022, un primer vuelo con migrantes destinado a Ruanda fue bloqueado por decisiones de última hora emitidas por tribunales europeos.
Posteriormente, en noviembre de 2023, la Corte Suprema británica concluyó que el programa era ilegal en su formulación original. Los jueces consideraron que existía el riesgo de que algunas personas trasladadas pudieran ser enviadas posteriormente a países donde enfrentaran persecución o amenazas contra su seguridad.
Aunque el gobierno conservador intentó modificar la legislación para superar esas objeciones, la iniciativa continuó enfrentando desafíos legales y nunca llegó a aplicarse plenamente.
Finalmente, tras la victoria electoral del Partido Laborista en julio de 2024, Keir Starmer canceló formalmente el programa apenas asumió el cargo. Durante la campaña electoral había descrito el proyecto como una »estratagema política» y un »despilfarro escandaloso de dinero público».
Según el actual gobierno británico, el programa costó aproximadamente 700 millones de libras a los contribuyentes sin producir los resultados prometidos. De hecho, únicamente cuatro personas fueron trasladadas voluntariamente a Ruanda antes de que el acuerdo fuera abandonado.
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