Cuando una carretera inaugura aplausos en lugar de auditorías, vale la pena detenerse. El presidente Luis Abinader llegó este sábado a San José de Las Matas con dos cintas que cortar y más de RD$1,144 millones en inversión pública declarada. Las comunidades de Pedregal, Los Montones, Carrizal y La Guázuma reciben pavimento nuevo. Eso es real y bienvenido. Pero la carretera también tiene peajes invisibles: preguntas sin responder sobre por qué la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) —cuyo mandato legal es producir electricidad— termina siendo la constructora de infraestructura vial en una zona de montaña.
Contexto informativo
Datos duros de las obras inauguradas
Carretera Cruce de Pedregal–La Guázuma: 9.8 km · RD$872 millones · ejecutada por Egehid
Carretera Rincón de Piedra–Carrizal: 3.02 km · RD$272 millones · ejecutada por Egehid
Total invertido: RD$1,144 millones en 12.82 km de vías
Costo promedio por km: RD$89.2 millones
Según información difundida por el Palacio Nacional, ambas vías forman parte de un esfuerzo por mejorar la conectividad vial, el intercambio comercial y el potencial ecoturístico de La Sierra de Santiago. Las obras incluyeron sistemas de drenaje pluvial, badenes, cunetas, alcantarillas, asfaltado y señalización. El administrador general de Egehid, Rafael Salazar, destacó —de acuerdo con declaraciones recogidas durante el acto— que la construcción enfrentó condiciones hidrológicas severas, dado que las corrientes de agua que descienden de la sierra impactan fuertemente las infraestructuras viales.
Lo que el comunicado oficial no explica es el origen institucional de la ejecución. Egehid tiene como objeto social la generación de energía hidroeléctrica, no la construcción y mantenimiento de carreteras. Esa función corresponde, en el ordenamiento jurídico dominicano, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La pregunta que se impone, con rigor y sin sensacionalismo, es: ¿bajo qué marco legal o resolución del Poder Ejecutivo se autorizó a Egehid a ejecutar estas obras viales?
Análisis crítico
No es la primera vez que una empresa pública dominicana actúa fuera de su mandato sectorial. En la práctica administrativa del país, esta modalidad —que algunos funcionarios justifican como «eficiencia institucional»— plantea interrogantes sobre transparencia presupuestaria, licitaciones y rendición de cuentas. Si el MOPC no ejecutó estas obras, ¿fueron objeto de un proceso competitivo de contratación? ¿Qué empresa privada resultó adjudicataria y bajo qué condiciones? Hasta el cierre de esta edición, Despertar Matinal no encontró en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) expedientes accesibles vinculados a estas vías bajo el nombre de Egehid como entidad contratante vial.
El costo por kilómetro también merece análisis técnico independiente. RD$89.2 millones por kilómetro en una zona de sierra con drenajes complejos puede ser justificable desde la ingeniería; pero esa justificación no puede quedar solo en boca del funcionario que supervisa la obra. Organismos como la Cámara de Cuentas y el Ministerio de Hacienda tienen la obligación de auditar estos costos, más cuando la entidad ejecutora no es la especializada en infraestructura vial.
Lo que sí es verificable es el impacto territorial: comunidades históricamente aisladas de La Sierra ahora tienen acceso vial mejorado, lo que puede reducir costos de transporte agrícola, mejorar el acceso a servicios de salud y dinamizar la economía local. Ese beneficio es legítimo y no debe minimizarse. Pero la obra pública en democracia no se evalúa solo por su resultado visible; se evalúa también por cómo se contrata, quién la ejecuta, a qué costo y con qué fiscalización.
Vale señalar, con la cautela que exige el rigor periodístico, que la concentración de actos inaugurales en períodos de alta visibilidad política es un patrón documentado en múltiples administraciones dominicanas. No se trata de una acusación específica contra este gobierno, sino de una tendencia institucional que la ciudadanía tiene derecho a cuestionar en cualquier contexto.
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Las carreteras de La Sierra están. El asfalto es real. Pero la transparencia en la ejecución de RD$1,144 millones de fondos públicos no puede quedar como anécdota de un acto oficial. Las comunidades merecen la obra y también merecen saber exactamente cómo se gastó cada peso. Esa rendición de cuentas no es un ataque al gobierno; es el mínimo estándar de una democracia que funciona.
¿Por qué la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana ejecuta carreteras con más de RD$1,144 millones sin que exista una explicación jurídica pública sobre esa decisión?
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