Montecristi suma al sistema 911, pero la pregunta persiste: ¿el gasto en seguridad se traduce en obra pública real?

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la puesta en marcha del Sistema 911 en Montecristi, un anuncio presentado como un hito de seguridad ciudadana para 157,589 habitantes. La cifra suena contundente. Lo que no queda tan claro —y aquí empieza el ejercicio crítico que le corresponde al periodismo— es cuánto ha costado hasta ahora expandir el Sistema 911 a 27 provincias, bajo qué mecanismo de licitación se contratan los servicios asociados, y si ese despliegue de patrullas, ambulancias y cámaras se traduce en algo más que un acto protocolar con discursos de agradecimiento hacia el mandatario.ç

Una expansión que no se detiene, pero tampoco se transparenta del todo

De acuerdo con la información oficial divulgada durante el acto, la incorporación de Montecristi eleva a 27 el número de provincias cubiertas por el Sistema 911, alcanzando el 94.64 % de la población nacional, es decir, más de 9.6 millones de dominicanos. El sistema, adscrito al Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad que preside el ministro José Ignacio Paliza, articula a bomberos, la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Policía Nacional y la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

En Montecristi se desplegaron 472 efectivos: 242 personas y 13 ambulancias de la DAEH, 117 agentes policiales con 14 camionetas y 20 motocicletas, 80 bomberos con 15 camiones, 25 integrantes de la Comipol con equipo de rescate, y personal de la Digesett para gestión de tránsito. La cobertura nacional de atención prehospitalaria, según el director de la DAEH, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, ya supera el 96 %.

Son cifras que, presentadas así, transmiten avance. Pero ninguna de las intervenciones oficiales —ni la del presidente, ni la del director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ni la de la gobernadora Leissa Cruz Polanco— ofreció datos de costo, contrato o financiamiento de esta fase de expansión. No se mencionó el presupuesto asignado al Consejo Nacional de Atención a Emergencias para 2026, ni el mecanismo mediante el cual se adquirieron las unidades vehiculares, ambulancias y equipos de videovigilancia anunciados. La ausencia de esa ficha técnica —montos, proveedores, plazos de ejecución— es, en sí misma, un dato relevante para cualquier ejercicio de fiscalización ciudadana.

Entre el discurso de «deuda saldada» y la pregunta por las obras que no llegan

El director ejecutivo del Sistema 911 afirmó que la llegada del servicio a Montecristi «salda una deuda histórica con el noroeste del país». Es una frase poderosa, pero también es la que mejor resume el patrón discursivo de este segundo mandato de Abinader —iniciado en agosto de 2024, distinto del primero (agosto 2020–agosto 2024)—: cada inauguración de un servicio de cobertura nacional se presenta como saldo de una deuda histórica, sin que exista igual insistencia en transparentar cuánta deuda fiscal, cuánto endeudamiento público y cuánta ejecución presupuestaria ha requerido sostener ese despliegue.

El propio presidente reconoció que el 911 «depende mucho» del uso responsable de la población, trasladando parte de la responsabilidad del éxito del sistema al ciudadano que llama, y no exclusivamente a la gestión estatal que lo opera. Es una fórmula retórica recurrente en los actos de este tipo: se anuncia el logro institucional, pero se condiciona su efectividad a la conducta de terceros.

Un sector creciente de analistas y organizaciones de la sociedad civil ha planteado —presuntamente, sin que exista todavía una auditoría pública e independiente que lo confirme con cifras exactas— que la actual gestión ha sido la que más recursos ha manejado en la historia reciente del Estado dominicano, y a la vez una de las que menos infraestructura estructural de gran envergadura ha dejado como legado tangible: hospitales terminados, carreteras troncales completadas, acueductos definitivos. El contraste entre el volumen de anuncios de servicios operativos —911, videovigilancia, patrullas— y la escasez de grandes obras de infraestructura física es, precisamente, el tipo de patrón que un periodismo investigativo debe señalar, no para acusar sin base, sino para exigir que la comparación se resuelva con datos y no con discursos de acto público.

Tampoco puede pasarse por alto que la ceremonia contó con la presencia de legisladores, un exalcalde, un expelotero de Grandes Ligas y una bendición religiosa, un formato que en la práctica convierte la entrega de un servicio público esencial en un evento de proyección política para funcionarios y figuras cercanas al oficialismo, en año donde cada inauguración adquiere lectura electoral.

El Sistema 911 en Montecristi es, sin duda, un servicio necesario para una provincia que llevaba años esperándolo. Pero un país no se mide únicamente por los servicios que se inauguran con banda presidencial, senadores y bendición eclesiástica; se mide también por las obras estructurales que, con el mismo nivel de recursos, no logran completarse o ni siquiera arrancan. ¿Cuánto ha costado realmente expandir el Sistema 911 a 27 provincias, y por qué ese mismo nivel de inversión no se refleja en obras de infraestructura de igual magnitud para el noroeste del país?