El Ministerio de la Presidencia presentó esta semana el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Verón-Punta Cana, un instrumento que —según el gobierno— busca organizar el uso del suelo y proteger los recursos naturales en la zona turística de mayor expansión del país. La pregunta que el propio Estado no responde en su presentación es por qué este ejercicio de planificación llega ahora, cuando el crecimiento poblacional y hotelero de la demarcación ya lleva más de una década desbordando cualquier previsión. El oficialismo, que gobierna desde agosto de 2020 y transita su segundo mandato consecutivo desde 2024, presenta como logro un plan que, de existir la voluntad política real, pudo haberse elaborado años atrás, antes de que Verón-Punta Cana triplicara su población y se consolidara como uno de los principales polos de presión inmobiliaria del país.
Un distrito que creció mientras el Estado planificaba otras cosas
El acto de presentación estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Turismo, David Collado, quienes coincidieron en calificar el ordenamiento territorial como una herramienta esencial para el desarrollo sostenible de la zona. Paliza afirmó que el plan «favorecerá un modelo de turismo sostenible», mientras Collado admitió que Verón-Punta Cana «no puede continuar expandiéndose sin una planificación adecuada», en referencia a los más de cuatro millones de visitantes anuales que recibe el destino a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, aportó las cifras que exponen la magnitud del problema que el Estado dice ahora querer resolver: la población de Verón-Punta Cana pasó de 43,982 habitantes en 2010 a 138,919 en 2022, con proyecciones de 241,767 para 2035. Además, el distrito concentra cerca del 60% de las llegadas aéreas al país, un dato que por sí solo debería haber activado mecanismos de planificación territorial mucho antes de esta semana.
El documento, elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional en coordinación con instituciones públicas y gobiernos locales, será sometido a vistas públicas antes de su aprobación definitiva, según informó el propio gobierno, sin precisar todavía una fecha para ese proceso.
Crecimiento poblacional de Verón-Punta Cana
¿ordenamiento territorial o corrección tardía de una omisión propia?
El discurso oficial presenta el PMOT de Verón-Punta Cana como una conquista de planificación, pero el propio cronograma que exhibe el gobierno desmiente esa narrativa. Un distrito que triplicó su población en doce años y que concentra más de la mitad de las llegadas aéreas del país no adquirió esa magnitud de un día para otro: fue un proceso gradual, visible, medible, que atravesó gran parte del actual período de gobierno sin que existiera el instrumento de ordenamiento territorial que hoy se presenta como innovación.
La pregunta de fondo no es si el plan es necesario —lo es— sino por qué la institucionalidad tardó en producirlo mientras la presión inmobiliaria, la construcción hotelera y la demanda de infraestructura básica avanzaban sin un marco regulatorio actualizado. Collado admitió públicamente que «sería irresponsable ignorar los desafíos que enfrenta el crecimiento de esta zona», una frase que, leída con rigor, funciona también como reconocimiento tácito de una omisión estatal que se extendió por años.
Tampoco puede pasarse por alto el patrón discursivo: el gobierno se autopresenta como garante de la sostenibilidad de un modelo de desarrollo que él mismo permitió crecer sin ordenamiento previo. No existe, hasta el momento, una auditoría independiente ni una ficha técnica pública que detalle el estado real de la infraestructura de agua, manejo de residuos y movilidad en Verón-Punta Cana antes de calificar el nuevo plan como garantía de equilibrio ambiental. Según fuentes oficiales, el documento fue elaborado mediante un «proceso participativo», pero el gobierno no ha precisado cuántas organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas, ni ha publicado las actas o minutas de esas consultas, lo que deja abierta la duda sobre el nivel real de participación ciudadana frente a un anuncio protocolar.
«Un plan de ordenamiento territorial presentado después de que la población se triplicó no es previsión: es corrección tardía de una omisión que el propio Estado permitió.»
Despertar Matinal — Análisis editorialEl segundo anuncio del mismo acto —el Plan Estratégico de María Trinidad Sánchez, aún en fase de diseño y con presentación final prevista para octubre— refuerza el patrón: el gobierno anuncia visión de futuro para una provincia mientras la que ya es su principal motor turístico apenas recibe, en 2026, el instrumento regulatorio que debió tener desde hace años.
El gobierno no ha publicado fecha definitiva para las vistas públicas del PMOT de Verón-Punta Cana, ni ha detallado cuántas organizaciones de la sociedad civil participaron en la fase de elaboración del documento.
Este artículo se basa en declaraciones e información difundidas oficialmente por el Ministerio de la Presidencia durante el acto de presentación del PMOT de Verón-Punta Cana. Las caracterizaciones de «sostenibilidad» y «planificación adecuada» corresponden al discurso oficial y no han sido verificadas de manera independiente al momento de esta publicación.
El ordenamiento territorial de Verón-Punta Cana es, sin duda, una necesidad real para un distrito que concentra el motor turístico del país. Pero presentarlo como logro de gestión, sin admitir que su ausencia durante años permitió el crecimiento desordenado que hoy se busca corregir, es una forma de autopremiación que merece ser cuestionada. Si el Estado tardó más de una década en producir el instrumento que él mismo reconoce como indispensable, ¿qué garantiza que las vistas públicas anunciadas no sean, otra vez, un trámite protocolar más que una consulta ciudadana real?
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