Inacif destruye más de una tonelada de drogas: ¿y las nueve toneladas que el gobierno presumió como su gran logro?

Cada jueves, en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, el Estado dominicano repite un ritual que ya es costumbre: quemar drogas frente a cámaras. Esta semana la cifra fue de más de una tonelada, con marihuana como protagonista absoluta del cargamento. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) presentó el informe con precisión milimétrica —hasta los miligramos—, como si el detalle numérico bastara para responder la pregunta que realmente importa: ¿qué representa esta destrucción de drogas dentro de la magnitud real del narcotráfico que atraviesa el territorio dominicano? La opacidad no está en los kilogramos que sí se publican esta semana, sino en las toneladas que un día se presumieron como logro y luego se borraron del relato oficial.

El informe del Inacif detalla que del total destruido, 928 kilogramos correspondieron a marihuana, 213 kilogramos a clorhidrato de cocaína, casi metro y medio de crack y 69 gramos de éxtasis. Peravia concentró la mayor incautación, con 941 kilogramos, seguida de Santo Domingo. La actividad se ampara en la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y en la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, y reúne semanalmente a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), al Ministerio Público y a representantes del sistema de justicia.

Hasta aquí, el procedimiento es administrativo y rutinario. El problema surge cuando estos operativos se insertan en una narrativa de «logros históricos» sin ofrecer el marco comparativo que permitiría verificar esa afirmación. Ningún informe semanal del Inacif explica contra qué gestión se compara, ni si existe una serie histórica pública, auditada y accesible, que sostenga el calificativo de récord. Se anuncia la cifra, se destruye la droga, se cierra el ciclo mediático — y la sociedad se queda sin el dato que le permitiría contrastar.

Aquí está la pregunta que el Estado prefiere que nadie haga: ¿qué pasó con las nueve toneladas que el propio presidente Luis Abinader llegó a presumir como una de las incautaciones más grandes de su gestión contra el narcotráfico? Esa cifra, repetida en discursos y actos oficiales durante su primer período (agosto 2020–agosto 2024), se exhibió como prueba de eficacia institucional. Hoy, en pleno segundo mandato de Abinader (iniciado en agosto 2024), esa misma cifra simplemente no aparece en ningún balance, comparativo o informe de seguimiento. No hay explicación pública sobre qué pasó con ese cargamento, si fue destruido en su totalidad, si formó parte de un proceso judicial concluido o si, sencillamente, quedó como un dato aislado que sirvió para un titular y luego se dejó de mencionar.

Cuestionar el supuesto récord histórico no es negar que se destruyeron narcóticos: es exigir que la palabra «histórico» tenga respaldo metodológico. ¿Contra qué gestión se compara? El país tuvo más de veinte años de gobiernos distintos al actual antes de 2020; sin una serie de datos homologada, pública y auditable de esas administraciones, cualquier comparación es retórica, no evidencia. Un Estado que se mide, se elogia y se certifica a sí mismo —sin un ente externo o independiente que valide la serie histórica— produce una legitimidad que se sostiene en la repetición, no en la verificación.

Tampoco puede obviarse la composición del cargamento actual: el 81% del peso destruido corresponde a marihuana, la sustancia de menor valor relativo en las estructuras de narcotráfico internacional, mientras que la cocaína —de mayor impacto en las rutas de tránsito hacia Europa y Estados Unidos— representa una fracción menor. Esta proporción invita a preguntar si los operativos golpean genuinamente las estructuras de mayor peso criminal o si, en cambio, capitalizan incautaciones de menor complejidad para sostener un discurso de eficacia semanal, mientras la cifra emblemática de las nueve toneladas queda como un episodio sin continuidad ni rendición de cuentas.

La destrucción semanal de drogas es, sin duda, parte del trabajo institucional que corresponde al Estado dominicano. Pero convertir cada operativo en un titular de «récord histórico» sin memoria de las cifras que antes se presumieron como logro —como aquellas nueve toneladas que hoy nadie repite— erosiona la credibilidad del propio mensaje oficial. La sociedad no necesita más quemas espectaculares frente a cámaras; necesita series de datos auditables, comparaciones metodológicamente sólidas y una explicación clara de qué pasó con aquella incautación que un día fue bandera y hoy simplemente se esfumó del discurso.