Después de seis años en el poder, el gobierno recién reglamenta las pensiones de los fiscales

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó este martes el lanzamiento del Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para los miembros de la Carrera del Ministerio Público, calificándolo como el cierre de «décadas de esperas». La frase, pronunciada con solemnidad institucional, esconde una pregunta que ningún funcionario formuló en el estrado: ¿por qué un derecho consagrado desde 2011 en la Ley 133-11 tardó quince años en materializarse en un reglamento operativo?

No se trata de un beneficio nuevo creado por generosidad institucional. Se trata de la reglamentación tardía de un Fondo de Retiro que la propia ley orgánica del Ministerio Público estableció hace más de una década y media. Entre la aprobación de esa norma y la firma del reglamento que la hace ejecutable, transcurrió el tiempo suficiente para que varios fiscales de carrera se jubilaran —o murieran, como reconoció la propia procuradora al pedir perdón «a los compañeros que se fueron sin ver esto»— sin acceder al derecho que la ley ya les correspondía.

Una ley de 2011, un reglamento de 2026

La Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, creó el marco legal para un fondo de retiro propio de la institución. Quince años después, ese marco recién adquiere un mecanismo formal de acceso: el «Formulario Solicitud de Pensión Complementaria», el requisito de 60 años de edad combinados con 25 de labor en la administración pública, y la garantía de seguro médico posterior al retiro.

El acto de lanzamiento reunió a la cúpula institucional —la procuradora adjunta Isis de la Cruz, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el procurador adjunto Wilson Camacho— junto a representantes del Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y la Superintendencia de Pensiones (Sipen). La presencia de estas instituciones en el lanzamiento de un reglamento interno plantea otra pregunta pendiente: si el marco legal ya existía desde 2011, ¿qué impidió que estas mismas instituciones acompañaran su implementación años antes, en lugar de solo su celebración final?

Tres ejes de una conquista que no lo es tanto

Primero, la base comparativa. Mientras el Ministerio Público celebra su fondo de pensiones complementarias, la mayoría de los trabajadores dominicanos permanece bajo el sistema de capitalización individual de las AFP, con tasas de reemplazo que organismos internacionales han calificado reiteradamente como insuficientes para garantizar un retiro digno. La procuradora habló de «retiro digno» para su gremio específico sin mencionar que ese estándar sigue siendo una aspiración, no una realidad, para el resto de la población trabajadora dominicana.

Segundo, la falla implícita. Que una institución tan medular para la administración de justicia haya operado quince años sin el reglamento que ejecutara su propio fondo de retiro no es un logro: es la confirmación de una mora administrativa prolongada por gestiones sucesivas. El anuncio se presenta como iniciativa de la gestión actual, sin que se explique públicamente qué ocurrió con ese expediente durante los gobiernos y direcciones que precedieron a la actual procuradora.

Tercero, la opacidad de los datos. El reglamento no fue acompañado de una ficha técnica pública sobre el patrimonio del fondo, sus fuentes de financiamiento exactas, ni proyecciones actuariales que permitan a los propios fiscales de carrera —y a la ciudadanía que audita el uso de fondos públicos— verificar la sostenibilidad real del sistema más allá de la frase genérica de «patrimonio sólido» ofrecida en el acto.

El problema de fondo: leyes que se acomodan por gremios, no por población

Aquí está el núcleo que este medio considera más relevante y que el acto institucional no abordó: la Ley 133-11 no creó un privilegio, creó una obligación estatal hacia un gremio específico. Y esa obligación tardó tres lustros en volverse operativa. Mientras tanto, millones de trabajadores dominicanos —empleados públicos de otras instituciones sin fondos complementarios propios, trabajadores informales, empleados del sector privado con AFP insuficientes— no cuentan con un mecanismo equivalente ni con la promesa de que algún día se les «acomodará» una ley similar. El patrón que se repite en la administración pública dominicana es este: los marcos legales existen en papel para todos, pero solo se ejecutan y reglamentan para los grupos con capacidad de presión institucional, gremial o política. El Ministerio Público, la Policía, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos organizados logran reglamentos y fondos propios. El trabajador dominicano promedio, no.

No hay populismo ni celebración anticipada en señalar lo evidente: que un derecho tardío sigue siendo, ante todo, un derecho tardío. La Procuraduría tiene la potestad de garantizar el retiro digno de sus fiscales, y eso es legítimo. Lo que no es legítimo es que la narrativa oficial convierta el cumplimiento tardío de una ley de 2011 en un triunfo de gestión, sin que nadie en el estrado explique por qué le tomó al Estado dominicano quince años cumplir con su propia ley, y sin que se anuncie ningún mecanismo equivalente para el resto de la fuerza laboral del país.