Hay un momento en que las sociedades dejan de disfrazar sus preferencias con buenas intenciones y empiezan a revelar qué valoran realmente. Ese momento llega cuando los recursos se agotan y alguien decide, por fin, poner un precio a lo que antes se entregaba sin límite. Entonces aparecen los números. Y los números, a diferencia de los discursos, no mienten.
En febrero de 2024 Salta se convirtió en la primera provincia argentina en arancelar la atención médica a extranjeros no residentes. La medida era simple: se cobra, excepto en emergencias. El resultado, un año y medio después, es elocuente. En el Hospital San Vicente de Paul de Orán los partos de mujeres bolivianas cayeron cerca del 95%. De entre treinta y cincuenta por mes a apenas tres o cuatro, casi siempre por urgencia real. La misma tendencia se repitió en otros hospitales de frontera. La demanda se desplomó. Las camas se liberaron. Los turnos se acortaron. Los salteños volvieron a ser prioritarios en su propio sistema.
La tesis es clara: cuando se elimina el subsidio abierto, el abuso se reduce de forma casi automática. No hace falta moralizar. No hace falta apelar a la xenofobia ni a la solidaridad abstracta. Basta con restaurar el principio elemental de que quien no contribuye no puede disponer libremente de lo que otros pagan. El incentivo cambia y la conducta cambia con él.
Durante años se sostuvo que cualquier límite era inhumano. Se hablaba de “tours sanitarios” como si fueran una anécdota pintoresca y no una transferencia sistemática de recursos desde los contribuyentes argentinos hacia quienes cruzaban la frontera solo para atenderse. Se invocaba la tradición de recibir al extranjero mientras se ignoraba que esa tradición se financiaba con el esfuerzo de quienes vivían y trabajaban del lado argentino. El resultado fue previsible: saturación, demoras y resentimiento creciente entre quienes veían cómo su hospital se llenaba de pacientes que no compartían ni impuestos ni permanencia.
Salta no inventó nada nuevo. Solo aplicó una lógica que la mayoría de los países del mundo considera obvia. Las emergencias se atienden. Lo programado se cobra. El que puede pagar, paga. El que no puede, busca alternativas o asume el costo. La diferencia es que aquí, durante demasiado tiempo, se confundió generosidad con irresponsabilidad institucional. Se convirtió un acto de caridad puntual en una obligación permanente e ilimitada.
Los datos de Orán muestran algo más profundo que un simple ahorro presupuestario. Muestran que las personas responden a los precios. Cuando el servicio deja de ser gratis, quienes lo usaban de manera oportunista dejan de venir. Quedan los casos verdaderos de necesidad. Y esos casos, precisamente porque son menos, pueden ser atendidos con mayor calidad y rapidez. Los recursos vuelven a quienes los generan.
Hay quienes siguen insistiendo en que cobrar es discriminatorio. Olvidan que discriminar, en este contexto, significa distinguir entre quien pertenece al sistema de aportes y quien no. Esa distinción no es odio. Es administración elemental. Un país que no es capaz de hacerla termina financiando el bienestar de terceros mientras sus propios ciudadanos esperan meses por un turno o viajan cientos de kilómetros porque las camas están ocupadas.
La experiencia salteña no resuelve todos los problemas de la salud pública. Pero sí desmonta una ficción peligrosa: la idea de que la generosidad institucional no tiene costos y de que esos costos pueden cargarse indefinidamente sobre los mismos de siempre. Cuando se restaura el precio, el abuso se retrae. Y lo que queda es un sistema un poco más justo para quienes realmente lo sostienen.
Al final, la pregunta no es si somos solidarios. La pregunta es si estamos dispuestos a seguir fingiendo que la solidaridad puede ser infinita cuando los recursos son, por definición, limitados.
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