Hay algo profundamente contradictorio en un gobierno que sale a las universidades a anunciar que ha reducido la pobreza en varios puntos porcentuales, mientras simultáneamente amplía, perfecciona y celebra sus programas de transferencias monetarias de emergencia. La Dirección de Desarrollo Social Supérate regresó a Villa Montellano, en Puerto Plata, con un segundo Bono de Emergencia para 2,289 familias golpeadas por las inundaciones de abril. La cifra suena generosa: RD$31,353,000 en dos fases. Pero la pregunta que ningún funcionario se atrevió a formular en el Club Recreativo Municipal es la más urgente: ¿por qué estas familias siguen siendo igual de vulnerables cada vez que llueve fuerte?
El contexto que el gobierno no cuenta
Según información oficial difundida por la propia institución, de las más de 2,000 familias impactadas en esta segunda fase, 1,850 ya eran beneficiarias activas de programas de protección social de Supérate. Es decir, hogares que ya recibían asistencia del Estado, y que aun así resultaron severamente afectados por lluvias que, con la debida infraestructura de drenaje, alcantarillado y vivienda digna, no habrían causado los mismos estragos.
De acuerdo con los datos oficiales, cada familia recibe RD$7,000 en esta segunda entrega. Sumados a los RD$15,330,000 distribuidos en abril, el total asciende a poco más de RD$31.3 millones para Villa Montellano. Los bonos se canjearon a través de unidades móviles del Banreservas instaladas en el lugar, y el proceso utilizó el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) para validar y focalizar los receptores.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció además la entrega de «El Cariñito» a madres de la comunidad, y precisó que entre viernes y sábado se distribuirían, solo en Montellano, más de RD$35,000,000. La directora de Supérate, Mayra Jiménez, enmarcó la acción dentro de una política de Protección Social Adaptativa (PSA) frente al cambio climático. Las autoridades locales, como el alcalde Héctor Almonte y la gobernadora Claritza Rochtte, aplaudieron la «respuesta oportuna» del gobierno.
Análisis crítico: tres ejes que el discurso oficial omite
«Un gobierno que entrega bonos de emergencia a las mismas familias que ya reciben bonos regulares no está combatiendo la pobreza: está administrándola.»
— Análisis editorial, Despertar MatinalEje 1 — La línea de base que no cuadra
Si el gobierno dominicano ha reducido efectivamente la pobreza, como afirma con cifras en mano ante auditorios universitarios, ¿cómo se explica que casi 2,000 familias ya beneficiarias de Supérate hayan quedado en situación de emergencia tras un episodio de lluvias? La vulnerabilidad climática no es separable de la vulnerabilidad estructural. Una familia que vive en una vivienda precaria, en una zona sin sistema de drenaje funcional, no ha salido de la pobreza por recibir una transferencia mensual. Ha salido, en el mejor de los casos, de la pobreza medida estadísticamente.
Eje 2 — El fallo implícito: la pobreza como negocio institucional
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Presuntamente, según patrones observables en la literatura sobre clientelismo y protección social en América Latina, los programas de bonos generan un ecosistema institucional que, paradójicamente, tiene incentivos para mantener a su población objetivo dentro del umbral de la asistencia. No se afirma aquí que ese sea el diseño deliberado de Supérate, pero sí que la ausencia de una estrategia visible de egreso —es decir, un plan concreto para que las familias dejen de necesitar el bono— es, de acuerdo con fuentes académicas en política social, uno de los principales déficits de los programas de transferencias condicionadas en la región.
La expansión constante de beneficiarios y montos no debería interpretarse solo como solidaridad. También puede leerse como la evidencia de que las condiciones estructurales que generan pobreza y vulnerabilidad no están siendo atacadas con la misma energía que se despliega en cada acto de entrega.
Eje 3 — La opacidad del dato
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Ni el comunicado oficial ni las declaraciones de los funcionarios presentes ofrecieron información sobre: cuántas de estas 2,289 familias han recibido bonos de emergencia en años anteriores por episodios similares, si se realizaron obras de infraestructura tras las inundaciones de abril para reducir la exposición al riesgo, o cuál es la tasa de egreso efectivo del programa Supérate en Puerto Plata. Sin esos datos, el RD$31.3 millones no puede evaluarse como inversión social; solo puede celebrarse como gesto humanitario.
Solidaridad que no basta
Que el Estado responda ante una emergencia es lo mínimo que se le puede exigir. Nadie razonable cuestionará que 2,289 familias afectadas por inundaciones merecen asistencia inmediata, y que RD$7,000 pueden marcar la diferencia entre pasar o no pasar la semana. Ese no es el debate.
El debate real es si Villa Montellano estará igual de expuesta la próxima vez que llueva fuerte en Puerto Plata. Si las cañadas están limpias, si las viviendas de las familias más pobres tienen materiales que resisten, si el sistema de alertas tempranas funciona, si existe un plan municipal de gestión de riesgo. Ninguno de los funcionarios presentes en el acto de entrega —desde el ministro Paliza hasta el alcalde Almonte— ofreció respuestas sobre esos puntos.
La Protección Social Adaptativa es un concepto técnicamente sólido. Pero en boca de un gobierno que simultaneamente presume de reducción de la pobreza y amplía cada ciclo sus programas de bonos de emergencia, suena más a narrativa institucional que a política pública con horizonte de largo plazo.
¿Puede un gobierno que sigue expandiendo sus programas de bonos de emergencia proclamar al mismo tiempo que está reduciendo estructuralmente la pobreza, o esos dos hechos se contradicen en silencio?
