La gestión de Fernando Rambaldi frenó un nuevo intento de corte de suministro por parte de Colón Punilla S.A. mediante acciones legales estratégicas. Tanto el ERSEP como la Justicia provincial emitieron órdenes los días 5 y 6 de mayo para obligar a la prestataria a negociar formalmente. El fallo judicial exige que la firma privada se siente a dialogar sin afectar el servicio esencial, protegiendo así la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La Municipalidad de La Calera reclama un saldo favorable superior a los $1200 millones de pesos en concepto de monto actualizado por cobros indebidos entre el año 2023 y 2024. Dicha cifra supera con creces cualquier deuda que la empresa pretenda reclamar, evidenciando una gestión administrativa deficiente por parte de la firma. El Ejecutivo local sostiene que el reconocimiento de estos activos es vital para equilibrar las cuentas públicas y evitar nuevos abusos tarifarios en la ciudad.
Conflicto por deudas y eficiencia operativa
La Justicia de Córdoba convocó a una audiencia clave donde el Gobierno Provincial deberá participar activamente para resolver la precariedad del sistema hídrico. Se cuestiona la eficiencia técnica de la empresa, la cual requirió asistencia estatal para reparar la planta potabilizadora que administra de forma ineficiente. Este escenario obliga a revisar los marcos contractuales vigentes para garantizar que la inversión privada cumpla con los estándares de mantenimiento básico.
El acceso al agua potable es defendido por la gestión como un derecho fundamental que no puede ser objeto de métodos extorsivos en la negociación comercial. La Municipalidad ratificó que no cederá ante presiones financieras ilegítimas y continuará exigiendo el respeto a la propiedad de los recursos calerenses. La intervención del Estado provincial será determinante en la audiencia para definir el futuro de la concesión y la transparencia de la deuda reclamada.
Defensa del patrimonio y orden fiscal
Fernando Rambaldi reafirmó su compromiso con el orden fiscal al denunciar que la empresa opera de manera legalmente precaria según los informes técnicos presentados. El municipio busca sentar un precedente contra el accionar abusivo de las empresas que descuidan la infraestructura crítica mientras exigen pagos injustificados. Esta batalla judicial representa un paso firme hacia la regularización de un servicio que afecta directamente el bienestar de la comunidad y el desarrollo local.
La resolución final dependerá de los acuerdos alcanzados durante la audiencia convocada por la Justicia para el próximo 12 de mayo del corriente año. El oficialismo municipal espera que la provincia asuma un rol de contralor más estricto sobre la prestataria a la cual el propio Estado provincial concesionó. Mientras tanto, el servicio de agua permanece garantizado gracias a la rápida intervención institucional que evitó el desabastecimiento total en los hogares.
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