Un premio no tapa un techo goteando. Mientras el CEO de VINCI Airports entregaba en Santo Domingo un reconocimiento internacional al aeropuerto de Puerto Plata, decenas de pasajeros en distintas terminales del país seguían reportando salas de espera saturadas, aires acondicionados averiados y áreas de servicio en condiciones que contrastan con el discurso de «excelencia operacional» repetido en cada nota de prensa. La pregunta que Despertar Matinal plantea no es si existe el premio —existe—, sino qué mide realmente, quién lo paga, y por qué el Estado dominicano celebra los resultados de una encuesta de satisfacción mientras evade explicar el destino de los recursos de Aerodom que debieran sostener esa misma infraestructura. El oficialismo, en su gestión iniciada en agosto de 2020 y prolongada tras su reelección en agosto de 2024, ha convertido la comunicación institucional en vitrina, pero mantiene cerrada la puerta de la rendición de cuentas.
Un premio, una concesión y una pregunta pendiente
El pasado encuentro en el Ministerio de la Presidencia reunió a Rémi Maumon de Longevialle, director ejecutivo de VINCI Airports, con el ministro José Ignacio Paliza, para entregar el reconocimiento Airport Service Quality (ASQ), otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC). El galardón, según la información oficial, distingue al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón como uno de los mejores en su categoría de tamaño en la región, con base en encuestas a pasajeros.
Es el cuarto reconocimiento de este tipo que recibe la terminal de Puerto Plata bajo la operación de Aerodom, la concesionaria controlada por VINCI Airports desde 2021. La empresa reiteró en el encuentro su programa de inversiones, que incluye la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, con un monto anunciado superior a los RD$23,000 millones.
Lo que no se explicó en el encuentro —ni en el comunicado oficial— es cómo se fiscaliza la ejecución real de esos recursos de Aerodom, qué mecanismos de supervisión tiene el Estado dominicano sobre el cumplimiento de las inversiones comprometidas en el contrato de concesión, y por qué persisten reportes ciudadanos sobre el estado de infraestructura en varios aeropuertos de la red que administra la concesionaria.
Un premio no es una auditoría: cuestionando la narrativa oficial
El ASQ es un instrumento legítimo dentro de la industria aeroportuaria, pero su naturaleza —una encuesta de percepción de pasajeros, financiada y coordinada por la propia industria a través de ACI— no lo convierte en un mecanismo de fiscalización pública ni en un sustituto de la rendición de cuentas contractual. Presentarlo como prueba de «compromiso con el país», sin ficha técnica pública, muestra, margen de error o metodología accesible al ciudadano dominicano, es una operación de relaciones públicas, no un ejercicio de transparencia.
Impacto sobre el turismo: la Región Norte depende del Aeropuerto Gregorio Luperón como puerta de entrada de miles de turistas hacia Puerto Plata, Cabarete y Sosúa. Un aeropuerto con reconocimientos internacionales proyecta una imagen favorable ante operadores turísticos y líneas aéreas, lo cual puede traducirse en mayor conectividad. Pero esa misma narrativa, si no está acompañada de inversión verificable en el resto de la red aeroportuaria del país, genera un turismo de dos velocidades: terminales de vitrina y terminales postergadas, con el consecuente riesgo reputacional para el destino Dominicano en su conjunto.
La responsabilidad no recae solo en Aerodom. El Ministerio de la Presidencia, bajo la gestión de Paliza, funciona como interlocutor directo del Estado ante la concesionaria. Recibir premios en representación del gobierno sin exigir públicamente el detalle de ejecución de los recursos de Aerodom comprometidos en el contrato de concesión —montos exactos invertidos, cronogramas cumplidos, penalidades aplicadas en caso de incumplimiento— convierte al funcionario en vocero de la empresa antes que en fiscalizador del interés público.
Según fuentes del sector aeroportuario, el contrato de concesión suscrito en 2021 contempla metas de inversión y estándares de servicio verificables, pero no existe, hasta la fecha, un informe público y desagregado que permita a la ciudadanía contrastar lo prometido con lo ejecutado. La opacidad no equivale automáticamente a irregularidad, pero sí constituye, en sí misma, un problema de gobernanza que el Estado dominicano tiene la obligación de resolver.
La pregunta que el Ministerio de la Presidencia todavía no responde
El reconocimiento ASQ puede ser un logro operativo real para el equipo de Puerto Plata. Pero el problema no es el premio: es que el Estado dominicano, representado por Paliza, lo utiliza como cortina de humo frente a una pregunta que sigue sin respuesta pública: ¿dónde están, exactamente, los recursos de Aerodom comprometidos en la concesión, y quién audita, con cifras verificables, si esa inversión llega a la totalidad de la red aeroportuaria del país o solo a las terminales que generan titulares favorables para el gobierno?
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