El polémico caso del colapso de la discoteca Jet Set, que terminó con la vida de varias personas, toma un giro crucial mientras los demandantes exigen una revisión de la calificación jurídica del hecho. Actualmente clasificado como homicidio involuntario, este rótulo podría limitar las condenas de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a penas que van desde tres meses hasta dos años de prisión. Los afectados sostienen que la gravedad del caso amerita una categorización más severa, acorde con la pérdida de vidas humanas y la presunta negligencia de los acusados.
El equipo legal de las víctimas, encabezado por el doctor Luis Aybar, ha presentado una solicitud formal ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que el juez Raymundo Mejía modifique la calificación jurídica del expediente. Según el Código Penal dominicano, el homicidio involuntario aplica cuando el crimen resulta de torpeza, imprudencia o negligencia, con penas que oscilan entre tres meses y dos años de cárcel. Sin embargo, los demandantes argumentan que los hermanos Espaillat tenían conocimiento previo del estado peligroso del techo del establecimiento, lo que, según ellos, eleva la responsabilidad de los acusados.
Como parte de las pruebas, se menciona el testimonio de Gregory Adames, quien afirma haber alertado sobre las condiciones del local. Aunque el juez decidió no escuchar directamente a Adames, este asegura contar con grabaciones que evidencian las advertencias repetidas durante más de un año. Los abogados de las víctimas critican al Ministerio Público por no considerar estas pruebas suficientes para imponer una calificación más severa, como homicidio voluntario, que llevaría a penas mucho más elevadas.
El caso ha generado controversia al compararse con otros incidentes similares en el país. Por ejemplo, se menciona el caso de un indigente con problemas mentales, quien fue condenado a 20 años de prisión por lanzar una piedra que causó la muerte de una persona en 2022. Mientras tanto, los demandantes cuestionan por qué los hermanos Espaillat enfrentarían penas significativamente menores, pese a las graves consecuencias del colapso del establecimiento.
Esta discrepancia en el tratamiento judicial ha reavivado el debate sobre la equidad en el sistema legal dominicano. Los afectados insisten en que la justicia debe aplicarse de manera justa y proporcional a la gravedad del hecho, especialmente cuando hay vidas perdidas de por medio. El desenlace de esta revisión jurídica podría sentar un precedente importante en casos futuros de negligencia empresarial o similar.
El tribunal ahora tiene la última palabra sobre si modifica la calificación del caso. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que el sistema judicial les brinde la justicia que consideran merecen. La resolución marcará no solo el destino de los acusados, sino también la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.
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