El Consejo de Regidores de Sosúa declaró esta semana al ingeniero y empresario hotelero Luis López Ferreira como «hijo adoptivo» del municipio, en un acto que reunió a la senadora Ginet Bournigal, la vicealcaldesa Rita Capellán y representantes del sector turístico local. El alcalde Wilfredo Olivence justificó la distinción señalando que López «ha desarrollado una labor de impacto social que encarna los valores de solidaridad y convivencia» que promueve la Constitución. La frase suena bien. El problema es que no viene acompañada de un solo dato duro que la sostenga: ni cifras de empleo generado por Casa Marina, ni montos de impuestos municipales aportados, ni proyectos comunitarios concretos financiados por el hotelero. Un municipio no debería otorgar su máximo reconocimiento civil basado únicamente en discursos.
Casa Marina, el hotel que López construyó junto a sus socios en 1988, comenzó como un residencial de 36 apartamentos y hoy es, según la resolución municipal, el establecimiento más grande de Sosúa con 674 habitaciones. Manuel Quiterio Cedeño, quien narró la trayectoria del homenajeado durante el acto, destacó que López y sus socios expandieron después su presencia hotelera hacia Samaná, Juan Dolio, Playa Dorada y Punta Cana, aunque el «ojo de ese pujante remolino hotelero» se mantuvo en Sosúa.
La resolución edilicia describe a López como alguien que «ha representado y abogado por Sosúa en todos los escenarios» y que ha actuado como «vocero de Sosúa, de sus autoridades, de sus instituciones, de su gente.» Es un lenguaje elogioso, propio de un acto protocolar. Pero ningún medio de comunicación, incluyendo el comunicado oficial del propio ayuntamiento, ha publicado los criterios técnicos o el expediente que sustenta la declaratoria: no hay reporte de empleos directos generados por Casa Marina, no hay cifra de recaudación municipal atribuible al complejo hotelero, ni detalle de proyectos sociales específicos financiados por el empresario o su empresa en las últimas tres décadas.
Este análisis se basa en la resolución oficial del Ayuntamiento de Sosúa y en las declaraciones públicas ofrecidas durante el acto de reconocimiento. No se atribuye irregularidad alguna a Luis López Ferreira ni a las autoridades municipales; se señala la ausencia de datos técnicos que sustenten públicamente los criterios de la distinción.
La ausencia de criterios verificables no es un detalle menor cuando se trata de un reconocimiento oficial, público y permanente. La base de comparación debería ser clara: ¿qué estándar utiliza el Consejo de Regidores de Sosúa para decidir quién merece el título de «hijo adoptivo»? Si la respuesta es exclusivamente la percepción subjetiva de «impacto social», entonces el mecanismo de honores municipales queda abierto a cualquier interpretación política o comercial conveniente, sin necesidad de rendir cuentas sobre beneficios reales entregados a la comunidad.
El fallo implícito de este tipo de actos es que sustituyen la fiscalización por la celebración. Un empresario hotelero de la magnitud de López —con 674 habitaciones bajo su gestión y proyectos en al menos cuatro polos turísticos del país— opera dentro de un sector que recibe incentivos fiscales significativos bajo la Ley 158-01 de Fomento al Turismo. Esa realidad hace más relevante, no menos, preguntar cuánto tributa efectivamente Casa Marina al municipio, cuántos empleos directos e indirectos sostiene actualmente, y qué proporción de esas contrataciones corresponde a mano de obra local de Sosúa frente a personal de otras zonas.
La opacidad del dato se agrava con la presencia protocolar de figuras políticas como la senadora Bournigal y la vicealcaldesa Capellán en el acto. Sin que esto implique irregularidad alguna, sí plantea una pregunta legítima sobre la relación entre el sector empresarial turístico y las estructuras de poder municipal y provincial: ¿los reconocimientos de este tipo responden a una evaluación técnica de aportes comunitarios, o a la consolidación de vínculos entre el poder político local y los grandes actores económicos del turismo?
Un municipio no debería otorgar su máximo reconocimiento civil basado únicamente en discursos.
Nadie cuestiona que Casa Marina sea un hito en la historia hotelera de Sosúa, ni que su fundador tenga una trayectoria empresarial extensa en la región. Lo que falta, y lo que el Ayuntamiento no ha entregado, es la evidencia documental que transforme un homenaje protocolar en un acto de rendición de cuentas real: cifras de empleo, aportes fiscales y proyectos comunitarios verificables. Mientras esos datos no se publiquen, la declaratoria de «hijo adoptivo» seguirá siendo, sobre todo, un gesto simbólico. ¿Puede una comunidad medir el «impacto social» de quien la honra sin conocer, siquiera, las cifras que lo sustentan?
¿Puede una comunidad medir el impacto social de quien la honra sin conocer, siquiera, las cifras que lo sustentan?
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