Santiago, RD.–
El caso que conmocionó a la sociedad dominicana en 2024 por las denuncias de abuso sexual sistemático contra la menor Stephora ha dejado una interrogante jurídica que crece día a día: ¿por qué el Colegio Da Vinci, como institución, no figura entre los imputados? La pregunta resuena con fuerza mientras profesoras y personal administrativo enfrentan cargos criminales que podrían definir no solo sus vidas, sino también los estándares de responsabilidad institucional en casos de protección infantil.
Responsabilidad individual vs. corporativa
Las maestras Yocasta Pérez, Rosalba Hernández y la orientadora Yaquelin Mejía fueron formalmente acusadas por el Ministerio Público de omisión de denuncia y encubrimiento. Según el expediente judicial, estas educadoras habrían detectado señales de alarma en el comportamiento de la menor sin activar los protocolos correspondientes. Sin embargo, la figura jurídica del colegio como entidad empleadora y responsable último del bienestar estudiantil permanece intocada.
«Cuando una institución educativa falla sistemáticamente en proteger a un menor, no estamos ante errores individuales sino ante una falla estructural del sistema de salvaguarda«, explica la abogada especializada en derechos de la niñez, Maritza Cordero. «Perseguir únicamente a empleados sin cuestionar las políticas institucionales es como tratar los síntomas ignorando la enfermedad».
El patrón de casos similares
La ausencia del Colegio Da Vinci como parte procesal replica un patrón observable en otros casos de abuso institucional en América Latina. En Chile, el caso del Instituto Nacional y en Colombia, el escándalo del Colegio Buckingham, las investigaciones iniciales también se concentraron en maestros individuales antes que en las estructuras corporativas que facilitaron o encubrieron los abusos.
Profundiza en el debate político dominicano con nuestra cobertura independiente:
Ver noticias nacionales Análisis político completo
Los datos resultan reveladores: según un informe de 2023 de la Red Latinoamericana de Protección Infantil, solo el 12% de los casos de abuso en instituciones educativas incluyen acciones legales contra las organizaciones como tales. La cifra contrasta dramáticamente con jurisdicciones como el Reino Unido, donde la responsabilidad corporativa es automáticamente evaluada en este tipo de investigaciones.
Protocolos ignorados, consecuencias individualizadas
El expediente del caso Stephora documenta que el Colegio Da Vinci contaba con un «Manual de Convivencia» que establecía procedimientos claros ante sospechas de maltrato. Sin embargo, las acusaciones se dirigen exclusivamente contra quienes no aplicaron dichos protocolos, no contra quienes diseñaron, implementaron o supervisaron su cumplimiento a nivel institucional.
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
«Las profesoras se convierten en cabezas de turco de un sistema que debió tener capas múltiples de supervisión», sostiene el criminólogo Roberto Santana. «¿Dónde estaban los directivos cuando estos protocolos no se cumplían? ¿Qué auditorías internas se realizaban? Estas preguntas quedan sin respuesta».
El silencio institucional como estrategia
Desde que estalló el escándalo, el Colegio Da Vinci ha mantenido un perfil bajo, limitándose a comunicados que expresan «colaboración con las autoridades» sin asumir responsabilidad directa. Esta estrategia de distanciamiento ha resultado efectiva desde el punto de vista legal: hasta la fecha, ningún directivo de alto nivel ha sido citado a declarar como imputado.
Implicaciones para el sistema educativo
La forma en que se resuelva este caso establecerá precedentes cruciales para la responsabilidad institucional en República Dominicana. Si el Colegio Da Vinci permanece al margen, se enviará un mensaje claro a otras instituciones educativas: los costos legales y reputacionales de fallas sistémicas pueden trasladarse hacia abajo en la cadena jerárquica.
Para las familias dominicanas, las implicaciones son directas. «Como padre, necesito saber que si inscribo a mi hijo en un colegio, es la institución completa la que responde por su seguridad, no solo la maestra de turno», afirma José Ramírez, padre de dos menores en edad escolar. Su preocupación refleja una demanda social creciente por estándares más altos de rendición de cuentas.
El vacío legal que se debe cerrar
Los expertos coinciden en que República Dominicana necesita actualizar su marco legal sobre responsabilidad institucional en casos de abuso infantil. Actualmente, la Ley 136-03 sobre el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece obligaciones generales, pero no especifica claramente los mecanismos de responsabilidad corporativa penal para instituciones educativas.
«No basta con sancionar a empleados individuales cuando las estructuras que permitieron el abuso permanecen intactas», advierte la fiscal especializada en delitos contra menores, Ana Lucía Peña. «Necesitamos herramientas legales que permitan investigar y sancionar a las organizaciones cuando sus sistemas de protección fallan».
El camino pendiente hacia la justicia integral
Mientras las maestras imputadas preparan su defensa y la familia de Stephora busca justicia, el elefante en la habitación sigue siendo el mismo: un colegio que operó durante años, cobró pensiones, prometió seguridad y ahora observa desde la distancia cómo sus empleadas enfrentan solas las consecuencias de un sistema que, presuntamente, falló en todos sus niveles.
El Ministerio Público tiene aún la oportunidad de ampliar su investigación e incluir la responsabilidad institucional en sus líneas de indagación. De no hacerlo, este caso corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo de justicia parcial: donde se castiga la ejecución deficiente pero se perdona la negligencia sistémica.
Proteger a los niños exige responsabilizar no solo a individuos, sino a las instituciones que prometieron cuidarlos y fallaron.
