El gobierno de oncativo enfrenta cuestionamientos tras la denuncia de la concejal Marina Preña sobre la gestión de diversas tierras públicas municipales. La edil señaló la existencia de presuntas ventas directas de lotes sin el cumplimiento de la licitación pública ni la autorización del Concejo Deliberante. Según la presentación, estas operaciones carecerían de transparencia en el manejo de fondos y otorgarían beneficios financieros a compradores particulares.
La concejal prena también extendió sus dudas sobre la contratación de servicios y el control administrativo de las transacciones inmobiliarias realizadas por el municipio. El bloque opositor advierte que estas maniobras podrían afectar el patrimonio común al evitar los mecanismos de competencia abierta exigidos por la normativa vigente. Para los denunciantes, es necesario que cada enajenación de activos estatales cuente con un marco de control institucional mucho más estricto.
Argumentos del oficialismo y fines sanitarios
Ante las acusaciones, el concejal oficialista Julián Mozzoni rechazó cualquier ilegalidad y defendió el procedimiento como una decisión política de gestión local. El edil explicó que la controversia se originó por la venta de un terreno destinado a una médica residente del hospital municipal de la ciudad. El objetivo principal de la operación es incentivar que los profesionales de salud se radiquen definitivamente en la localidad mediante facilidades de pago.
mozzoni detalló que la transacción figura en un boleto de compraventa que especifica el origen de los fondos y las condiciones de financiación pactadas. El oficialismo sostiene que estas acciones priorizan las necesidades de la gente y no representan perjuicio alguno para las arcas municipales en el largo plazo. Además, el concejal recordó que existen otros 10 lotes desafectados disponibles para cualquier ciudadano que manifieste interés genuino en adquirirlos.
Transparencia administrativa y debate público
Desde el municipio insisten en que la venta de carácter particular no constituye una maniobra irregular ni perjudicial para los intereses de los vecinos de oncativo. El oficialismo manifestó su disposición para demostrar la legitimidad de las gestiones ante los organismos de control y el propio cuerpo legislativo de la ciudad. El debate sobre la administración de la propiedad pública se mantiene abierto mientras se analizan los expedientes de las operaciones inmobiliarias.
La resolución de esta disputa administrativa determinará los criterios futuros para la disposición de bienes del Estado municipal en favor de terceros. Mientras tanto, la oposición solicita que se suspendan las adjudicaciones directas hasta garantizar la plena seguridad jurídica en todos los procesos de venta de tierras. La transparencia en la gestión de los recursos públicos sigue siendo el punto de mayor fricción entre los bloques políticos que integran el recinto.
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