Santo Docente, 22 y 23 de julio. Mientras el país fungía como anfitrión del Comité Ejecutivo número 109 de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), tres voces oficiales —el presidente de la Junta de Aviación Civil, el secretario general de la CLAC y el ministro de Turismo— coincidieron en un mismo relato: República Dominicana es un modelo de conectividad aérea para la región. El problema no es la afirmación en sí, sino la ausencia casi total de datos que permitan a la ciudadanía verificarla de forma independiente. Cuando quienes diseñan una política son también quienes califican sus resultados, la evaluación deja de ser información y pasa a ser relaciones públicas. Este artículo revisa lo dicho por los funcionarios y señala qué falta para que esas declaraciones puedan sostenerse como algo más que un discurso institucional.
Qué se dijo y qué se firmó
El encuentro reunió a representantes de los 23 Estados miembros de la CLAC —organismo que recientemente incorporó a Guyana y evalúa nuevos ingresos— para discutir conectividad aérea, seguridad operacional y asuntos ambientales del sector. Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil y de la CLAC, anunció la firma de acuerdos orientados a «una zona aérea libre para toda Latinoamérica y el Caribe», mientras Jaime Binder, secretario general de la CLAC, calificó a República Dominicana como «un referente» regional por su política de cielos abiertos y su modelo aeroportuario.
El ministro de Turismo, David Collado, fue más allá: atribuyó el crecimiento del turismo dominicano a «hechos concretos», entre ellos modificaciones legales y la firma del Acuerdo de Cielos Abiertos con Estados Unidos, proceso que —según sus palabras— se esperaba desde hacía más de 25 años. Collado también afirmó que durante 2025 una parte significativa del crecimiento turístico dominicano se sustentó en los mercados latinoamericanos, en contraste con la dependencia histórica de Estados Unidos, Canadá y Europa. Ninguna de estas cifras —ni el porcentaje de crecimiento atribuido a Latinoamérica, ni el impacto medible del Acuerdo de Cielos Abiertos— fue acompañada de una fuente estadística verificable en las declaraciones recogidas.
Elogio institucional sin base auditable
El patrón que emerge de estas declaraciones no es nuevo en la comunicación oficial dominicana: funcionarios de instituciones vinculadas al sector describen sus propias gestiones en términos superlativos —»modelo», «referente», «el mejor de los problemas»— sin que medie un organismo externo, independiente de la Junta de Aviación Civil o del Ministerio de Turismo, que confirme esas cifras. Esto es relevante porque la actual administración, que gobierna desde agosto de 2020 y transita su segundo período desde agosto de 2024, ha hecho de la conectividad aérea y el crecimiento turístico un eje central de su narrativa de gestión.
Cuando Binder afirma que «el modelo está funcionando» o Collado sostiene que el país «sigue dando señales claras» de su visión aeronáutica, ambas frases describen resultados de política pública que, en teoría, deberían poder contrastarse con series estadísticas del Banco Central, del Instituto Dominicano de Aviación Civil o de organismos multilaterales como la OACI. La pregunta pertinente no es si la conectividad aérea mejoró —probablemente lo hizo—, sino cuánto mejoró, respecto a qué línea base, y quién audita esa cifra fuera del propio gobierno que la anuncia.
Sobre los impuestos al transporte aéreo, Binder fue más cauteloso: reconoció que «el sistema impositivo puede convertirse en una carga» y recomendó equilibrio, sin precisar si República Dominicana aplica actualmente una carga impositiva por encima o por debajo de ese equilibrio recomendado por la CLAC y la OACI. Esa omisión —viniendo del propio secretario general del organismo regional— deja sin responder una de las preguntas más concretas que plantea el sector: si el modelo dominicano de cielos abiertos convive con una carga fiscal que encarece los boletos, la conectividad celebrada podría beneficiar más a las aerolíneas y menos al pasajero.
La CLAC seguirá reuniéndose, los acuerdos de cielos abiertos seguirán firmándose y los funcionarios seguirán describiendo sus resultados en superlativo. Pero mientras la conectividad aérea República Dominicana se mida únicamente con las palabras de quienes la gestionan, la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿a quién le rinde cuentas realmente un gobierno que se evalúa a sí mismo?
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
