Hay dos tipos de olvido en la política dominicana: el accidental y el conveniente. Cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para designar la Circunvalación Norte de Santiago con el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco, no invocó ningún diagnóstico sobre por qué esa vía debería cambiar de identidad. No presentó estudios de impacto patrimonial. No consultó a la comunidad santiaguera. Simplemente procedió —presuntamente sin verificar— que esa carretera ya tiene nombre oficial desde hace una década, asignado por Ley de la República. El resultado es un enredo institucional que expone, una vez más, cómo el Poder Legislativo puede actuar con una velocidad inversamente proporcional a su rigor.
El nombre que ya existe: datos que el Congreso pasó por alto
La Circunvalación Norte de Santiago no es una vía anónima a la espera de un padrino político. Según documentación oficial disponible en el registro legislativo dominicano, la Ley 12-15, promulgada el 6 de febrero de 2015 por el entonces presidente Danilo Medina, le asignó formalmente el nombre de Luis Crouch Bogaert —destacado empresario y promotor del desarrollo económico y social del Cibao— a esa importante arteria vial.
Los datos de la disposición son precisos y verificables:
DATOS OFICIALES · LEY DE DESIGNACIÓN
Con esa base legal vigente, la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) —entidad fundada por Crouch Bogaert— emitió una posición formal solicitando que se preserve la designación actual. Desde APEDI argumentan que modificar ese nombre implicaría desconocer una disposición legal promulgada y publicada en Gaceta Oficial, lo que no es un tecnicismo menor: es un acto con consecuencias jurídicas para la institución que lo impulse.
Lo que está en juego aquí no es solo la memoria de un empresario santiaguero. Es la validez de una ley de la República Dominicana que ningún legislador citó durante el debate en la Cámara Baja.
Cuando el legislador no lee las leyes
El caso de la Circunvalación Norte revela un patrón que se repite con inquietante frecuencia en el Congreso Nacional: proyectos de ley que avanzan sin el mínimo proceso de verificación legislativa previa.
La pregunta obligatoria es directa: ¿realizó la Cámara de Diputados alguna consulta al registro legal vigente antes de aprobar este proyecto? De acuerdo con la senadora Mercedes Ortiz (provincia Hermanas Mirabal), la respuesta parece ser no. «Lo primero que se investiga tanto en el territorio como en el Congreso es si ya tiene un nombre o no», declaró la legisladora al ser consultada —una afirmación que, leída con cuidado, funciona más como crítica implícita al proceso que como defensa institucional.
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Por su lado, el diputado santiaguero Braulio Espinal admitió que «se está a tiempo» de buscar una alternativa, lo cual confirma que la aprobación del proyecto se produjo antes de agotar el proceso elemental de investigación que el propio legislador considera necesario.
«Siempre que se tomen ese tipo de decisiones, lo primero que se investiga tanto en el territorio como en el Congreso es si ya tiene un nombre o no, porque eso debe ser respetado.»
Senadora Mercedes Ortiz · Provincia Hermanas MirabalDesde una perspectiva jurídica, el camino del proyecto en el Senado de la República enfrenta un obstáculo de peso: para modificar el nombre establecido por la Ley 12-15, no bastaría con aprobar una nueva ley ordinaria que simplemente ignore la anterior. Según la práctica legislativa dominicana, correspondería derogar expresamente la Ley 12-15 o modificarla, lo que obliga a un debate más transparente sobre qué criterio prevalece: ¿el reconocimiento empresarial y regional, o el reconocimiento político-democrático?
Ambos son legítimos. El problema es que no pueden coexistir en la misma carretera, y que ningún legislador parece querer asumir públicamente la responsabilidad de elegir.
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La solución que han propuesto tanto APEDI como los propios congresistas —asignar el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco a la futura Autopista del Ámbar o al Monorriel de Santiago, obras de gran envergadura actualmente en proceso— es razonable, técnicamente viable y políticamente digna. Honra el legado democrático de Jorge Blanco sin borrar el reconocimiento ya institucionalizado a Crouch Bogaert.
Que esa solución no haya sido explorada antes de llevar el proyecto a votación en la Cámara revela, precisamente, el problema de fondo: la gestión legislativa en materia de nomenclatura pública carece de un protocolo mínimo de verificación. No existe —o no se aplica— ningún mecanismo obligatorio que exija a los legisladores consultar el registro oficial de denominaciones antes de aprobar una nueva asignación de nombre. El resultado es este tipo de colisiones evitables que consumen tiempo institucional, generan fricciones entre sectores y desgastan la credibilidad del Congreso.
⚠ DATO CLAVE
Para que la nueva designación sea válida, el Senado deberá pronunciarse sobre la Ley 12-15 vigente. Aprobar una nueva ley sin derogar o modificar expresamente la anterior generaría una colisión normativa que ningún organismo ha abordado todavía.
El Senado como última línea de razonamiento
El proyecto llega al Senado no como una celebración, sino como un problema heredado. Si la Cámara Alta lo aprueba sin más, sentará el precedente de que una ley de la República puede ser ignorada con otro proyecto de ley que ni siquiera la mencione. Si lo rechaza o devuelve a estudio, habrá hecho lo que la Cámara Baja no hizo: leer primero.
Lo que no está en discusión es el valor histórico de Salvador Jorge Blanco. Su mandato (1982-1986) es reconocido transversalmente por su papel en la consolidación democrática dominicana, y su nombre merece estar inscrito en la geografía urbana del país. Lo que sí está en discusión es el método: ¿puede el reconocimiento a una figura histórica ser el fundamento para borrar el reconocimiento legal a otra, sin debate, sin consulta y sin protocolo?
Santiago, ciudad que construyó buena parte de su identidad económica desde el sector privado, merece un Congreso que legisle con la misma precisión con que sus empresarios planifican.
PREGUNTA FINAL
Si el Congreso Nacional ignora sus propias leyes al legislar, ¿quién garantiza que las que apruebe mañana tampoco serán olvidadas pasado?
